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El alcalde opositor David Smolansky denunció este viernes a la policía política por abuso de sus facultades tras citarlo a declarar por supuestamente difundir información falsa sobre la detención de su compañero de partido Yon Goicoechea.

«Estoy acá en el Ministerio Público por segunda vez en la semana, dando la cara, dejando muy claro que si hay una institución que tiene competencia para investigar es la Fiscalía General», dijo Smolansky a través de un video divulgado en su cuenta en la red social Twitter en el que expresó sus razones para ignorar la citación que le hizo el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

La víspera Smolansky denunció que agentes del SEBIN con armas largas ingresaron a la sede del ayuntamiento del municipio capitalino de El Hatillo y le entregaron una citación a declarar en una sede de esa policía política.

Según la citación el SEBIN había iniciado una investigación «por la difusión de falsas noticias con relación al lugar donde permanece detenido» Yon Goicoechea, del partido opositor Voluntad Popular del que el alcalde también es miembro.

«Me persiguen porque ven (que fui parte de) una generación de ese movimiento estudiantil glorioso de 2007, que le originó a (el ex mandatario) Hugo Chávez su única derrota electoral. Me persiguen porque formo parte de Voluntad Popular, que es un partido que no se ha cansado de denunciar las arbitrariedades, los abusos y las violaciones sistemáticas derechos humanos que lidera este régimen», agregó Smolansky después de denunciar el procedimiento policial ante la Fiscalía.

Smolansky, que en repetidas ocasiones ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una arremetida contra la oposición, sería entrevistado por el SEBIN por ser el autor de una información publicada por el diario El Nacional en la que se señaló que «Goicoechea está en una celda llena de excrementos».

La detención de Goicoechea por poseer supuestos cordones para explosivos fue condenada por los opositores, que acusaron al gobierno de Maduro de tratar de generar temor ante la inminencia de la marcha del 1 de septiembre en la que miles de personas demandaron la pronta realización del referendo revocatorio del mandato de Maduro.

Voceros del SEBIN no estuvieron disponibles para hacer comentarios ante los requerimientos de The Associated Press.

El presidente de la asamblea Nacional (AN), el diputado opositor Henry Ramos Allup, defendió el «derecho del alcalde y de cualquier otro venezolano de hablar a favor de los presos políticos» y de «denunciar las deplorables condiciones de los calabozos».

Agregó que «éste es un régimen forajido que utiliza al Poder Judicial como organismo de represión y cree que arreciando la represión va a impedir que los venezolanos ejerzan su derecho a revocar al peor gobierno de nuestra historia».

La oposición apuesta a realizar este año el referendo como salida a la crisis económica y social que golpea a Venezuela, pero el cronograma que planteó el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que la consulta pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completará más de la mitad del mandato de seis años de Maduro.

La constitución establece que de realizarse el referendo luego de esa fecha los dos últimos años del gobierno deberán ser completados por el vicepresidente.




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