Las declaraciones las ofreció el funcionario desde el Automercado. (Foto Archivo/El Carabobeño)

AVN

Este martes, 2,3 toneladas de harina de maíz precocida y 1,2 toneladas de leche en polvo fueron decomisadas en el automercado San Diego, en el sector El Recreo de Valencia, estado Carabobo, por encontrarse presuntamente acaparadas en los depósitos de ese establecimiento comercial.

El director estadal de la Superintendencia de Precios Justos, Carlos Hernández, explicó que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras denuncias del poder popular, evidenció que estos productos estaban ocultos y no expuestos en los anaqueles del supermercado, lo que impedía que los carabobeños adquirieran estos alimentos al precio regulado.

«En este caso se presume el delito de acaparamiento, por lo que se dictó el comiso de los productos y la redistribución de estos rubros a las comunidades en extrema pobreza», señaló.

Las declaraciones las ofreció el funcionario desde el Automercado San Diego del sector La Isabelica, donde acudió en compañía de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Sada y del Seniat, entre otros, para constatar el cumplimiento del plan Eficiencia Mata Cola.

En este particular, explicó que tras la inspección detectaron que este comercio mantenía activas sólo siete de las 22 cajas registradoras que posee, lo que generaba largas colas de usuarios.

Sostuvo que esa situación representa una transgresión al artículo 49, numeral 5 y 9, de la Ley de Precios Justos, ya que existe una ineficiencia en la prestación del servicio a los usuarios de este establecimiento.

«Además se evidenció que los productos regulados solo eran distribuidos por una sola caja. Eso transgrede el mismo artículo, ya que es el trato discriminatorio a las personas», refirió el director de la Sundee en Carabobo.

Por estas irregularidades, el organismo aplicó una multa de 1.000 unidades tributarias a este automercado, así como la medida preventiva de activación inmediata de todas las cajas registradoras.

Hernández aseguró que en la entidad se realizan entre cinco y seis visitas diarias a establecimientos comerciales para verificar que cumplan con esta disposición de activar la totalidad de las cajas registradoras para evitar largas colas.

Asimismo, dijo que en general «se ha visto buena disponibilidad de los comerciantes de acatar la norma. Se realizarán inspecciones a locales ya fiscalizados, y aquellos que reincidan tenemos las instrucciones de aplicar las máximas sanciones que estipula la ley».




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