EFE

Tras recibir un fuerte revés judicial en su batalla para evitar la extradición de Joaquín «el Chapo» Guzmán, la defensa del encarcelado líder del cártel de Sinaloa parece estar preparando el terreno para un posible alegato de incapacidad para ser sometido a juicio en Estados Unidos.

Guzmán está algo mejor anímicamente que hace unos meses porque la semana pasada tuvo visita conyugal de su esposa, Emma Coronel, pero preocupa su salud mental porque «le duele el cerebro» y experimenta pérdida de memoria, dijo hoy a Efe su abogada Silvia Delgado.

La memoria a corto plazo del encarcelado líder del cártel de Sinaloa es cada vez menor y en la prisión en que está recluido solo le están dando un cuarto de la pastilla ansiolítica que le prescribieron los médicos que lo visitan regularmente, aseguró Delgado, abogada de Guzmán en Ciudad Juárez.

«Nos puso mucho énfasis en su estado de salud. Él dice que no atentaría contra sí mismo por sus dos hijas (pequeñas), pero hizo hincapié en que le ayudemos con su estado de salud», afirmó tras visitar al capo en una prisión en esta urbe fronteriza con Estados Unidos, a la que fue trasladado en mayo pasado.

Agregó que no le es posible decir que Guzmán «está confiado en que no vaya a ser extraditado próximamente, pero está tranquilo con el trabajo que estamos haciendo como representantes legales».

Posteriormente, Andrés Granados, uno de los líderes del equipo defensor, dijo a Efe que su cliente podría fallecer tan pronto como diciembre próximo si continúa recibiendo «malos tratos» dentro de la prisión.

«Así me lo comentó él (Guzmán). Su estado de salud está deteriorado, él se siente mal, le están quitando el medicamento. Parece que el Gobierno federal lo quiere matar antes que extraditar», dijo el letrado, entrevistado en el aeropuerto de Ciudad Juárez después de visitar al reo.

Aseguró que su defendido le dijo «que piensa que no la va a hacer (sobrevivir) hasta diciembre por su estado de salud», ya que «su organismo ya no puede y, Dios no lo quiera, el señor puede fallecer».

Guzmán, de acuerdo con la defensa, está tomando más de cuatro medicamentos para el dolor de cabeza, antidepresivos y ansiolíticos, entre otros fármacos.

«Queremos que tengan bien claro que él no se va a suicidar; el daño que pudiera sufrir es por la tortura y el aislamiento que le está provocando el Gobierno federal», dijo el abogado.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) informó el jueves que fue notificada de resoluciones emitidas por un juzgado contra los amparos interpuestos por el capo para impedir su extradición. La defensa del narcotraficante confirmó el mismo día que recurrirá la decisión judicial.

A partir del próximo martes, la defensa tiene diez días hábiles para solicitar la revisión del fallo ante un tribunal colegiado, dijo el jueves a Efe Granados, y añadió que la nueva resolución podría tardar «otros tres meses, cuatro meses», e incluso «un año».

El abogado aseguró que, en el caso de perder la revisión ante el tribunal colegiado, seguirán otros caminos: pedirán que la Suprema Corte asuma el caso y, si es necesario, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De fracasar esos recursos, Guzmán sería trasladado a EE.UU. donde las cortes de varios estados lo requieren para procesarlo por delitos como asociación delictiva, delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros.

Si bien es incierto que el alegato de pérdida de memoria y mala salud pueda incidir en los procesos pendientes en México, podría ser usado por la defensa para argumentar incapacidad del capo para ser sometido a juicio en Estados Unidos o, en el peor de los casos, obtener sentencias menos rigurosas.

Típicamente, alegatos sobre el estado mental no prosperan a menos que se refieran a una condición que el acusado presentaba al momento de cometer el crimen, lo que no es el caso de Guzmán.

No obstante, una condición como la amnesia o un estado de salud precario son factores que las cortes pueden considerar para determinar si alguien es capaz de ser sometido a juicio, o que el juez puede tomar en cuenta al decidir una condena.

En tanto, el Gobierno de México parece esperanzado en que pueda desembarazarse pronto del Chapo, quien ha escapado en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad en el país (2001 y 2015).

Días después de su más reciente captura, ocurrida el pasado 8 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se estaba acelerando el trabajo para lograr «lo más pronto posible» la extradición.

El viernes pasado el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, estimó que la extradición se concretará en enero o febrero próximos, una vez el Poder Judicial resuelva todas las impugnaciones por parte de la defensa. 




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