Dayrí Blanco|@DayriBlanco07
Las leyes en el país son claras. Pero podrían ser más explícitas. Y ese es el trabajo que hace la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) con el proyecto de reforma de la Ley del Servicio de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional. El principal objetivo es despolitizar a las instituciones de seguridad de todo el país. “Que se entienda cuáles son sus verdaderas funciones y que represión no es sinónimo de orden público”, señaló la diputada Delsa Solórzano.
Manifestar en las calles no es delito. Pero es interpretado como tal por los funcionarios con órdenes expresas de los gobiernos de turno. “Eso tiene que eliminarse”. La idea es que los uniformados se dediquen exclusivamente al resguardo de las vidas y los bienes de los ciudadanos y no a bloquear la llegada de marchas y otras protestas a sedes oficiales como el Consejo Nacional Electoral como ha sucedido en dos oportunidades en Caracas.
La también presidenta de la Comisión de la AN, que realizó sesión especial este lunes en Carabobo, catalogó de ilegal, irreal y jurídicamente impracticable la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que prohíbe manifestar en las puertas del poder comicial. “Hay que destacar que el abogado de los recurrentes es precisamente socio del escritorio jurídico del juez Maikel Moreno. Eso no debe ser”. Advirtió que además se viola flagrantemente el artículo 68 de la Constitución que establece que el derecho a la manifestación es libre y el de libre tránsito.
Deficiencias policiales
La sesión fue participativa. Los derechos de palabras no fueron limitados. Tampoco el acceso a escuchar el debate. Personalidades de la vida política de la región participaron. Los alcaldes de Naguanagua y Bejuma, Alejandro Feo La Cruz y Ramón Rodríguez, estuvieron presentes. Ambos relataron las deficiencias con las que funcionan las policías de sus municipios. “Tenemos más funcionarios que balas”, expresó Rodríguez.
Se solicitó además la incorporación en el proyecto de la reforma de la ley mejores condiciones laborales y socioeconómicas para los uniformados que, en la mayoría de los casos, no cuentan ni con seguro de vida “y deben subsistir con 10 mil bolívares al mes”, destacó el concejal de Naguanagua, Tomás Dangel.
Los diputados Juan Miguel Matheus, integrante de la Comisión de Política Interior, Ángel Álvarez Gil, Antonio Ecarri y María Mulino también participaron. Se contó con la intervención del director general de operaciones de la alcaldía de San Diego, León Jurado; representantes de la alcaldía de Valencia; los ediles Ronald González de San Diego, Gustavo Mercado de Naguanagua y Marcos Cegarra de Guácara.
Entre los aspectos resaltantes del proyecto de reforma de la ley se incluye que los funcionarios policiales que cumplen funciones de escoltas de manera indebida pasen a las calles a resguardar vidas y bienes de los ciudadanos, Que se devuelvan las armas a los cuerpos policiales que les fueron arrebatadas por resoluciones del ministerio de la Defensa y del Interior y Justicia; que los alcaldes o gobernadores puedan designar a los directores de las policías; que se formen cuerpos alejado de la politización; y que se elimine posibilidad de intervenciones de policías por razones políticas.
Solórzano señaló que “esta ley protege a los ciudadanos y forma cuerpos robustos, bien formados, capacitados y dotados”. También se toma en cuenta que lo uniformados sean honestos con la depuración de los cuerpos de seguridad y el establecimiento de un circuito para tener un registro de funcionarios destituidos para que nos sean reciclados, además de la creación de los más buscados “para que no se un simple capricho del ministro de turno sino una obligación legal”.
El diputado Matheus enumeró que crisis de justicia que sufre el país se debe a tres razones estructurales: la vocación autocrática del régimen bolivariano, la violación de los principios constitucionales del estado federal y el manejo propagandístico de las estadísticas oficiales. Estos modos de ejercer el poder han creado en Venezuela un estado fallido, en donde hay estructuras paraestatales que tienen el monopolio de la violencia.
