Beatriz Rojas/@rojas_beatriz

Desde lejos se escuchaba la consigna “fuera Alí Campos, de la secretaría”. Era un grupo de docentes que este miércoles en la mañana se concentró en la plaza Sucre, frente a la gobernación, para rechazar que el funcionario en referencia, todavía no haya homologado sus sueldos con los educadores nacionales.

No solo pedían la homologación, sino mejoras en las infraestructuras escolares, en los comedores y mejor trato para los tercerizados y las madres procesadoras.

Por eso los maestros arengaban consignas, tocaban pitos y levantaban pancartas para llamar la atención del resto de los ciudadanos que pasaban por los alrededores de la plaza.

La maestra Gladys Pérez, directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Base Solidaria de Trabajadores del Estado Carabobo, señaló que el gobernador Francisco Ameliach, Alí Campos y su combo politiquero, no han querido darle respuesta a los docentes, pese a que el presidente Nicolás Maduro cuando firmó la contratación colectiva con los educadores nacionales, ordenó que se procediera a la homologación con los maestros de todos los estados.

“La homologación por derecho nos corresponde, nosotros no somos ningunos delincuentes ni maltratadores de niños. Tenemos una gran responsabilidad dentro de la sociedad”, dijo.

Subrayó que al producirse la homologación, los docentes regionales nivelarán sus ingresos al que reciben los nacionales.

Pérez aseguró tener información según la cual, en el contrato que firmó Campos con otros sindicatos, se redujo en un mes el descanso por reposo postnatal, lo cual considera injusto. Señaló que las autoridades de la Secretaría de Educación, han hecho caso omiso a las denuncias que sobre malas condiciones de la infraestructura de las escuelas, que ellos han hecho.

La directiva del sindicato agregó que las escuelas no cuentan con canchas en buenas condiciones, filtros de agua, material didáctico ni bombas de agua. Algunas tienen techos de asbesto, a pesar de que es de conocimiento público que esto es dañino para la salud. Un ejemplo de esto es la Unidad Educativa Jacinto Soto Laya de San Joaquín.

La maestra también cuestionó que a las madres procesadoras no se les emita una constancia de trabajo para hacer cualquier trámite legal. La gobernación tampoco les suministra material de limpieza.

Nelly Villegas comentó que tiene siete años de suplente y que está en desacuerdo porque en diciembre les asignaron cargos a otros tercerizados que tenían dos años de servicio.

Refirió que su sueldo es relativo, pero varía entre 6 mil y 8 mil bolívares mensuales, y no recibe ningún otro beneficio.

Eglé Flores denunció que tiene 35 años de servicio en la administración pública y está pidiendo el beneficio de la jubilación, pero la gobernación se la niega, bajo el argumento de que solo tiene 11 años en el sector educativo. Desconociendo así la Ley de Fondo de Pensión y Jubilación.




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