EFE

Un subcomité de la Cámara baja de EE.UU. respaldó este jueves dos proyectos de ley que buscan sancionar a Venezuela, instando a la liberación de los presos políticos, y a Nicaragua para que las instituciones financieras frenen los préstamos hasta que ese país celebre unos comicios «justos».

Este es solo el primer paso para lograr que el Congreso de EE.UU. en su conjunto apruebe las dos propuestas legislativas.

El subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara baja aprobó este una iniciativa legislativa sobre Venezuela, impulsada por la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz.

Esa propuesta expresa la «profunda preocupación por la crisis política, económica, social y humanitaria de Venezuela» e insta a la liberación de los presos políticos, como el opositor Leopoldo López, que cumple condena en una cárcel militar de Caracas por la violencia desatada tras una marcha antigubernamental en 2014.

Además, el texto legislativo llama «al respeto de los procesos constitucionales y democráticos», en una referencia velada al referendo que impulsa la oposición de Venezuela para revocar el mandato del presidente, Nicolás Maduro.

La oposición venezolana lleva meses ejerciendo presión en las calles para pedir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fije una fecha para que se celebre un referéndum revocatorio en contra de Maduro. 

Sanciones a Nicaragua

«Estamos hoy aquí para hacer patente nuestra profunda preocupación por el colapso de la democracia en Nicaragua y para supervisar las prioridades del Gobierno del presidente, Barack Obama, en ese país», subrayó este jueves Jeff Duncan, presidente del subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara baja.

Duncan, legislador republicano, logró el respaldo de sus compañeros del subcomité para aprobar una propuesta bautizada como «Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua» e impulsada por la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen.

De aprobarla el Congreso, la iniciativa obligaría al Gobierno de EE.UU. a oponerse a todos los préstamos de instituciones financieras destinados al Gobierno del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que en las elecciones del 6 de noviembre busca su cuarto mandato y tercero consecutivo.

Los comicios de noviembre en Nicaragua se celebrarán sin observación electoral y con Rosario Murillo, esposa de Ortega, como aspirante a la Vicepresidencia.

Además, el proceso electoral está envuelto en gran tensión debido a que los poderes Judicial, Electoral y Legislativo anularon al principal grupo opositor y despejaron el camino a Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya que el resto de partidos que compiten son minoritarios.

«Bajo sus múltiples mandatos, el presidente Ortega ha tomado medidas cada vez más evidentes destinadas a concentrar el poder político en un sistema gobernado por el FSLN como partido único, controlando la mayoría del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral», afirmó el legislador Duncan.

Después de recibir la aprobación del subcomité del Hemisferio Occidental, la propuesta sobre Nicaragua deberá obtener el visto bueno del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para luego poder ser votada por la Cámara baja y pasar al Senado.

La propuesta, que podría vetar Obama, tiene pocas vistas de prosperar antes de las elecciones presidenciales y legislativas de EE.UU. previstas para noviembre, pero busca denunciar de manera simbólica desde el Congreso estadounidense los abusos que, a juicio de los legisladores, está cometiendo Ortega.




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