EFE
Todos los días antes del amanecer se forman largas filas de
vehículos en las gasolineras de Cúcuta para abastecerse de combustible, un
producto que antes sobraba y ahora escasea desde que el Gobierno venezolano
cerró la frontera, hace ocho días.
Cúcuta, ciudad de unos 600.000 habitantes, capital del
departamento de Norte de Santander, está en la línea de frontera, comunicada
con la ciudad venezolana de San Antonio por el puente internacional Simón
Bolívar, que cruza el río Táchira, vía que fue cerrada temporalmente por orden
del presidente de ese país, Nicolás Maduro.
Por el puente circulaban diariamente hasta su cierre miles
de personas que viven o trabajan al otro de la frontera y también ingentes
cantidades de gasolina venezolana y otros bienes de consumo que ingresaban en
Colombia de contrabando, con lo cual Cúcuta y todo el Norte de Santander han
gozado durante décadas de la gasolina más barata del país.
Pero con el cierre de la frontera el desabastecimiento es
palpable, no solo en los puestos legales de combustible, que por estos días
están llenos, sino también en las calles de la ciudad donde permanecen
desiertos los negocios improvisados que vendían en bidones de plástico gasolina
de contrabando.
«La gente viene a hacer cola desde la cinco de la
mañana, pero muchos lo hacen para revenderla», cuenta a Efe Fabio, un
jubilado de 59 años que esperaba turno en un puesto de gasolina del barrio Zona
Industrial, donde muy temprano en la mañana se había formado una fila de al
menos 120 vehículos entre automóviles y motocicletas.
En Cúcuta, un galón de gasolina (3,78 litros) cuesta 5.600
pesos colombianos (unos 1,76 dólares), mucho menos de los 8.200 pesos (unos
2,58 dólares) que vale en Bogotá y otras ciudades del país, pero la de
contrabando, vendida en las calles por los llamados «pimpineros»,
costaba alrededor de 3.000 pesos el galón (unos 95 centavos de dólar).
Con el cierre de la frontera la ecuación se ha invertido y
ahora los «pimpineros» compran la gasolina a quienes la obtienen en
los puestos autorizados para luego revenderla más cara, a por lo menos 12.000
pesos el galón (unos 3,78 dólares), a quienes no disponen del tiempo suficiente
para esperar horas su turno y quieren evitar la fila.
«Hay una cadena en la que gana el que abastece temprano
y luego el que la revende, todo se vuelve negocio», explica Julio César,
un motociclista.
Uno de los argumentos de Venezuela para cerrar la frontera
fue el permanente contrabando de gasolina y otros bienes que causa un gran daño
a su economía, fenómeno que sin embargo no es nuevo pues desde hace décadas se
presenta en Cúcuta y otras ciudades fronterizas, principalmente de los
departamentos de La Guajira, Cesar y Arauca.
Según las autoridades de los dos países, en la mayoría de
los casos este negocio es controlado por bandas criminales que cuentan con una
extensa red de distribuidores minoristas no solo en las zonas de frontera sino
también en otras partes del interior de Colombia.
A pocos metros de una gasolinera del sector cucuteño de
Cenabastos, los «pimpineros» hacen su agosto revendiendo gasolina
colombiana, aunque en volúmenes mucho menores que antes del cierre del paso
fronterizo, pero evitan dar declaraciones con el argumento de que se les
«azara el negocio», hasta que uno de ellos finalmente accede para
explicar su situación.
«Estamos mal porque el cierre de la frontera nos tomó
de improviso y estamos en una situación tremenda; yo tengo tres hijos que
mantener y apenas gano para comer», explica a Efe Jorge Emiro, un cucuteño
que asegura que hace nueve años se dedica a vender gasolina de contrabando
porque no tenía otro medio de subsistencia.
Jorge Emiro dice que el presidente colombiano, Juan Manuel
Santos, que ayer visitó Cúcuta, donde prometió ayudas a los deportados de
Venezuela, también debería tener en cuenta a los «pimpineros», que
aunque ilegales, se quedaron de un momento a otro sin fuente de ingresos.
«Somos unas 3.000 familias que vivimos del negocio de
la gasolina y con el cierre de la frontera estamos igual que los
deportados», resume.
