Dentro de una pequeña vivienda en La Acequia, uno de las
crudas villas de emergencia que rodean Caracas, Carlos se prepara para un día
de trabajo: cargar municiones, apilar granadas, amontonar chalecos antibalas y
pasamontañas negros. «Ahora tenemos un secuestro, así que hay estar
listos», explicó quien con sus 28 años forma parte de una pandilla de 80
miembros. Se dedican a varias actividades desde secuestro y manejo de drogas
hasta asesinatos. También hace alarde de un poderoso aliado: el gobierno
venezolano.
«A veces la gente del gobierno nos manda a matar.
Trabajamos en sociedad”, contó Carlos señalando los rifles de asalto que según
él provienen de la guardia nacional bolivariana. «No me gusta ver a mi
país así, pero es en lo que terminó siendo. Nos convertimos en una nación de
malandros,» afirmó.
Es espectacular cómo Venezuela se sumió en un estado de
matones habiendo sido un modelo de socialismo revolucionario. Hace tres
décadas, Venezuela tenía uno de los estándares de vida más altos de
Latinoamérica. Hoy, tras 17 años de revolución, la mayoría de la gente no
consigue papel higiénico, pese a que el país tiene reservas petroleras mayores
a las de Arabia Saudita. La corrupción abunda y la violencia está fuera de
control: los 25.000 asesinatos ocurridos el año pasado convierten al país en el
más violento del mundo.
Pero este fin de semana los venezolanos elegirán a 167
miembros de la Asamblea Nacional; y, por primera vez en 16 años, la votación
probablemente ponga fin a la mayoría del gobierno socialista. Promete ser un
momento decisivo.
El presidente Nicolás Maduro prometió hacer «lo que sea
necesario» para asegurarse «la victoria», incluyendo ignorar la
asamblea y gobernar en una alianza cívico-militar en «nombre del
pueblo», si bien no hay evidencia de que el pueblo lo apoye. Algunas
encuestas sugieren que la oposición arrasará en las elecciones del domingo. El
75% de los venezolanos opina que Maduro no debería terminar su mandato.
La sensación de desencanto es evidente entre quienes antes
eran fervientes defensores de la revolución.
Caída libre de la
economía
Esa amargura se refleja en la decrépita economía venezolana.
La escasez es habitual, los servicios de salud se derrumban. La inflación de
tres dígitos que se calcula en 185%, está destruyendo los
progresos sociales. El salario mensual mínimo de 9.649 bolívares
equivale a u$s 10 al tipo de cambio paralelo, menos que en Cuba. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) estima que este año la economía se contraerá 10%,
tras la caída de 4% en 2014. Para 2016 se pronostica una baja de 6%.
Las facciones de la oposición enterraron sus diferencias y
se unieron como Mesa de la Unidad Democrática, un paraguas político. Hicieron
lo mismo en 2013 cuando Henrique Capriles perdió por poco la elección
presidencial frente a Maduro. El mensaje de la campaña es otra vez abstracto y
carece de propuestas concretas, salvo la amnistía para los presos políticos.
La baja popularidad del gobierno de por sí está beneficiando
a la oposición, aun en los ex bastiones chavistas. Jacqueline Jiménez vive en
Petare, una de las villas miseria más grandes de Latinoamérica. Madre de tres
hijos siempre votó al partido socialista gobernante o PSUV; pero ya no más. Su
esposo, un albañil, recibió hace dos semanas un disparo camino a su trabajo,
todo porque no tenía dinero. «Se suponía que esta revolución nos cuidaría.
En cambio, nos está matando, empobreciendo», se lamenta. «Votaré a la
oposición porque este gobierno es inútil y peligroso».
El país se ubica último en el índice de estado de derecho
2015 que elabora el Proyecto Mundial de Justicia, detrás de Afganistán. Altas
figuras como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y segundo
hombre más poderoso de Venezuela, enfrentan acusaciones por tráfico de drogas
en EE.UU.
Masivo sentimiento
opositor
Corregir la situación en Venezuela será difícil. En los días
previos a las elecciones se observa aún más violencia. La semana pasada mataron
de un disparo al político opositor Luis Manuel Díaz en un acto de campaña.
La respuesta de Maduro esa noche en la televisión estatal
fue la típica. Acusó a la oposición de incitar a la violencia y de pagar a
venezolanos armados u$s 50.000 dólares para que «ataquen a la oposición y
luego mostrarlos por el mundo».
Hay un masivo sentimiento anti gobierno», aseguró
Javier Corrales, estudioso de Amherst College, que también dijo que sería un
error asumir que esos sentimientos se traducirán en resultados electorales.
«Este gobierno no tiene interés en ceder poder».
Las razones son claras. Si bien la presidencia no está en
juego, una mayoría opositora en la asamblea tendría considerable poder. Podría
controlar el gasto, otorgar amnistías a presos políticos y retener el permiso
para que Maduro viaje al exterior. Una mayoría de dos tercios o aún de tres
quintos le daría todavía más poder, incluyendo la facultad de designar jueces. «El
gobierno teme a la posibilidad de tener que rendir cuentas. Está muy implicado
en delitos de todo tipo», señaló Corrales.
Alejandro Moreno, un sacerdote y científico social que
investiga la violencia desde su vivienda baleada en Petare, concuerda. «No
tenemos un estado delincuente, tenemos delincuencia que se apoderó de un
estado», explicó este religioso de 81 años. «Mientras los chavistas
sigan en el poder, esto no se detendrá», agregó.
«Hay un estado paralelo corrupto dentro del
gobierno», señaló Luis Cedeño, del Observatorio sobre Crimen Organizado,
una ONG. «Los militares supervisan el contrabando y el tráfico drogas…
El estado delegó las funciones a las pandillas de delincuentes».
Desarmar el aparato
El costo de esta corrupción y violencia es enorme. Asdrúbal
Oliveros y Jessica Grisanti, dos economistas locales, estiman que se llevan más
del 12% del PBI anual.
El gobierno controla la Corte Suprema, la petrolera estatal
PDVSA, el banco central y también el consejo electoral. También tiene el
control casi absoluto de los medios, puede usar dinero público para financiar
su campaña y obliga a los empleados estatales a votar por candidatos
socialistas. Esta combinación representa lo que los funcionarios llaman
«maquinaria perfecta que nos llevará a la victoria perfecta» el
domingo.
Gran parte de la legitimidad del gobierno se ha evaporado,
especialmente para la gente como Maite Hernández. Ella, una ama de casa
empobrecida, y su familia, fueron desalojados de un departamento en Caracas que
les había entregado el gobierno de Chávez. Fueron unos matones como los de la
pandilla de Carlos. «Tenían órdenes de devolverlo», contó. Luego
dispararon a su hijo de 23 años y lo dejaron morir.
