EFE
Casi un
millar de colombianos deportados en los últimos 3 días de Venezuela a la ciudad fronteriza de Cúcuta
denuncian que el único criterio seguido para darles ese trato es su
nacionalidad, sin importar su situación legal o sus hijos menores.
«Sólo nos dijeron que (nos deportaban) por ser colombianos. Nos decían
¿venezolanos o colombianos?, pues camine», relató este lunes Rocío
Angarita sobre su expulsión del país en el que ha vivido los últimos 13 años.
En su caso, como en el de muchos otros, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
se presentó en su casa a medianoche y les obligó a salir a empellones de la
ciudad de San Antonio, situada en Táchira.
El presidente Nicolás Maduro decretó el estado de excepción hace 3 días y desde
entonces han sido deportados 751 colombianos, de los cuales 139 son menores,
según los datos facilitados a primera hora de la mañana por Migración Colombia.
Sin embargo las expulsiones han continuado durante todo el día, lo que ha
obligado a la Cruz Roja a establecer un corredor humanitario para trasladar a
pacientes que requieran atención médica desde las ciudades venezolanas
fronterizas hasta centros hospitalarios de Cúcuta, capital del departamento de
Norte de Santander.
El trabajo del organismo médico se ha multiplicado en Cúcuta, una ciudad de
clima tórrido con temperaturas que superan los 35 grados y en la que los
deportados se agolpan en centros deportivos donde las autoridades han instalado
carpas para atender a los ciudadanos que han llegado con lo puesto.
«Sólo nos dejaron ponerle los zapatos a los niños», comentó Angarita
sobre la noche de su expulsión en la que «hasta el perro quedó allá».
Los últimos 13 años de su vida han quedado ahora a sus espaldas, ya que su casa
como la de la mayoría de los colombianos había sido marcada por los soldados
venezolanos con una letra «D», una sentencia de demolición de la
vivienda y de destrucción de sus propiedades.
«Las marcaron, pusieron la ‘D’ para tumbarlas», narró Abel Antonio
Pacheco, otro de los deportados, sobre las viviendas de los colombianos que
habitaban en San Antonio, ciudad conectada con Cúcuta por el puente
internacional Simón Bolívar, cerrado desde el jueves por orden de Maduro.
Pacheco recordó que a él y su esposa no le dejaron sacar «ni el
tetero» de su hija, por lo que no pudo alimentarse hasta que llegó al
Coliseo Municipal de Cúcuta, una cancha polideportiva que está tomada por
tiendas de campaña y voluntarios de la Cruz Roja que prestan servicio médico y
psicológico a niños y adultos.
Además proveen alimentos a los deportados que pasan el día en colchonetas a la
espera de una solución a su situación o a plantearse un nuevo futuro.
Entre ellos se encuentra Gustavo Sanjuan junto a su mujer y sus 8 hijos de
entre uno y 17 años, también obligados a salir con lo puesto.
Sanjuan, como muchos de los colombianos y venezolanos que viven a lo largo de
la frontera, tuvo dos hijas en su hogar de San Antonio, lo que, lejos de
suponerle un salvoconducto solo le trajo más problemas.
«En el momento en que dije que tengo dos niñas venezolanas me las iban a
quitar», detalló sobre la noche en que fueron deportados.
Ante el temor que se ha instalado entre los colombianos que viven en ese lado
de la frontera muchos han tenido que mentir sobre el lugar de nacimiento de sus
hijos, puesto que, según explicó, varios han tenido que separarse de sus
progenitores ante unas deportaciones que no respetan la unidad de las familias.
Precisamente, la cancillería colombiana exigió ayer que antes de aplicar las
medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para
garantizar la unión de padres e hijos.
Esta crisis humanitaria comenzó tras el ataque de presuntos contrabandistas
contra militares venezolanos que se saldó con tres uniformados y un civil
herido, lo que provocó que Maduro cerrase la frontera, inicialmente por 72
horas, y posteriormente declarase el estado de excepción.
Entre lo que argumenta el Gobierno venezolano está la supuesta acción de
paramilitares colombianos a ambos lados de la frontera, y el pasado sábado
anunciaron que 8 integrantes de esos grupos habían sido arrestados en Táchira.
Sin embargo esa es una acusación que niegan los colombianos que llegan a Cúcuta
deportados: «Dicen que los colombianos somos paramilitares,
narcotraficantes, delincuentes, pero no es así, somos personas honradas»,
señaló Sandra Milena Angarita.
Desde el coliseo deportivo en el que permanece varada, Angarita denunció que
los agentes venezolanos golpearon a sus compatriotas y «a algunos niños
les ponían bolsas en la cabeza haciéndolos pasar por paramilitares».
«No dejan ver su rostro porque saben que la gente que les conoce sabe que no
es cierto», concluyó.
