Un empresario argentino fue embargado en 300 millones de
pesos en el marco de una investigación en su contra por lavado de dinero y
contrabando, y por la venta de 150 mil
decodificadores de China para distribuir
en Venezuela pagados con fondos del fideicomiso argentino-venezolano de
Pdvsa.
Juan José Levy, el acusado que removió el escándalo de
corrupción que afecta la relación comercial entre Venezuela y Argentina durante
los gobiernos de Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner, período en el
que formó parte del grupo de empresarios
que participaba en los viajes de la presidenta Cristina al país en el marco
de los acuerdos de cooperación entre ambas naciones y el fideicomiso
argentino-venezolano que maneja la petrolera estatal.
El embargo se produce
en paralelo a las investigaciones que se encuentra realizando la Comisión
Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) sobre el destino de los
más de 10 mil millones de dólares que el chavismo le otorgó al gobierno argentino.
Levy, junto a sus tres hermanos, disputaba el control de la
empresa ESME, que recibió in contrato
por casi 90 millones de dólares para venderle productos de limpieza e higiene
personal a la estatal Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca). Con
este acuerdo la compañía argentina cobró un anticipo del 60 por ciento de ese
monto y exportó por 48 millones de dólares. Sin embargo, luego suspendieron los
embarques de mercancía hasta nuevo aviso.
La justicia argentina sospecha que ESME facturó sus
productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado”. Además,
cobró reintegros a las exportaciones por 1.800 millones de dólares.
La venta de los 150 mil decodificadores chinos, que se supone debían ser argentinos, fue realizada con un contrato por más de 20 millones de dólares suscripto
por las argentinas Blue Tel SA y Coorporación Gulfos S.A., y la empresa de
telecomunicaciones Cantv. (MI)
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Con información de Clarín (Argentina)
