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Marianela Ágreda Armas

Noventa carnicerías cambiaron de ramo en Aragua. Las
sanciones pecuniarias que enfrentan comerciantes o la obligación a vender a
precio regulado (Bs.250) un kilo de carne que adquieren en canal entre 490 y
500 bolívares, deteriora poco a poco ese sector.

“Nos sentimos robados por la nación, quieren sacarnos lo
poquito que producimos”, comentó Marcelino Fernández, presidente de la
Asociación de Carniceros de Aragua (Carniaragua), ante las fiscalizaciones que
lleva a cabo la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (Sundde) en la región. Aseguró que la última facturación de
carne regulada se hizo en abril. “Desde mayo no llega carne regulada, solo un
poquito que el Gobierno envía a grandes cadenas de supermercados”, mientras
tanto, las zona rurales y establecimientos pequeños quedan fuera de la
distribución del producto y en la mira del Sundde.

Fernández informó que este martes multaron con mil unidades
tributarias a Friocarnes Los Cedros, lo que calificó como parte de la
persecución. Desmintió al presidente de la Confederación Nacional de
Agricultores y Ganaderos (Confagan), José Agustín Campos, quien sostiene que el
ganadero expende el kilo de res a precio regulado. “Es mentira, porque la están
vendiendo entre 490 y 500 bolívares el kilo y ya estamos cansados de esta
situación”.

El presidente de Carniaragua dijo que reuniones sin
resultados lo mantienen agotado. Son cuatro meses de inspecciones. Aún y cuando
han participado en reuniones con representantes del Ejecutivo nacional,
Miraflores, ministros y viceministros, Sundde y Sunagro; la respuesta es
negativa.

Mediante boletín de prensa, la Sundde Aragua informó que
fiscalizaron 14 establecimientos, de los cuales 11 fueron sancionados por
especulación y sobreprecios en la venta de carne de bovino y pollo.

Vicyhomir D’Agosto, coordinadora estadal de la Sundde, dijo
que en la acción aplicaron un total de 12.3000 Unidades Tributarias en multas a
los comercios sancionados por incurrir en la transgresión de la Ley Orgánica de
Precios Justos.




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