Beatriz Rojas @rojas_beatriz
El decreto de Estado de Excepción es una patente de corso que le otorga poderes amplísimos al Presidente para tomar decisiones que pasan por encima de la Constitución, con la intención de restarle funciones a la Asamblea Nacional.
Así lo afirmó Santiago Rodríguez, coordinador general del partido Progreso. A su juicio, es una maniobra para cercar aún más el ejercicio del Poder Legislativo con la intención de reducir el Parlamento a una mera figura decorativa que no le haga contrapeso.
Una prueba de ello, detalló, es el artículo 2 del decreto en el séptimo inciso, que establece que el Ejecutivo nacional podrá decidir la suspensión temporal de la ejecución de sanciones políticas contra funcionarios del Poder Público y de altos cargos, lo que deja en evidencia que desde el Gobierno buscan proteger a sus ministros de ser destituidos por incompetentes.
En opinión de Rodríguez, el Jefe de Estado busca con este confuso instrumento político, como lo es la extensión del decreto, imponer el terror en los ciudadanos, intentando paralizar toda iniciativa de cambio que recorte el mandato presidencial. “No es nueva esta receta de generar miedo y frustración a un pueblo que no encuentra la ruta democrática para salir del Presidente”.
El decreto le atribuye además labores policiales a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (Clap), algo que viola la Carta Magna.
Santiago Rodríguez apuntó que el Gobierno se sostiene solamente sobre los organismos de fuerza del Estado porque ya no tiene el apoyo de las mayorías, y ahora usa el poder para amedrentar a un pueblo al cual dice representar.
La medida además busca pasar por encima de la decisión que se pueda tomar en la Asamblea Nacional, pues según el mismo artículo 2, inciso quinto, el Ejecutivo podrá aprobar lo que quiera sin pedir aprobación a otro Poder Público.
En ese sentido, el dirigente progresista destacó que apoyará las líneas de acción que se desprendan de la Unidad para hacer frente a esta nueva violación a la libertad, pues si la AN rechaza el decreto y el Gobierno insiste en su vigencia, corresponderá a los venezolanos mantenerse firmes y seguir las protestas de calle que buscan una salida pacífica y constitucional de Nicolás Maduro, sostuvo Rodríguez.
