Basyl Macías
Para la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS), el nuevo decreto de Excepción y Emergencia Económica traerá más ruina económica, hambre y desesperanza al país.
En un comunicado, Fedecamaras advierte que el Gobierno nacional se sigue sosteniendo en premisas y supuestos falsos, los que mantienen un diagnóstico equivocado de la situación del país y como consecuencia, plantea medidas contraproducentes para la economía, que inevitablemente profundizarán la crisis y seguirán deteriorando las ya afectadas condiciones socioeconómicas de todos los venezolanos.
Es imposible ocultar -afirma- el deficiente desempeño económico de esta administración y su manifiesta dificultad para abordar con eficiencia la crisis. «El Gobierno nacional no le dice la verdad al país, evadiendo así su responsabilidad sobre las deterioradas condiciones sociales y económicas que viven las familias venezolanas».
El análisis de los empresarios señala que en dicho decreto, el Ejecutivo no hace mención alguna a la imposibilidad del sector productivo de adquirir materia prima, no hace mención al gasto público que mantiene el Estado, ni a las intervenciones y estatizaciones de empresas privadas que estaban al tope de su capacidad de producción, y que en la actualidad han perdido productividad, eficiencia; y muchas constituyen importantes focos de corrupción.
Tampoco hace mención alguna a la creciente impresión de billetes por parte del Banco Central de Venezuela, que ha producido la aceleración inflacionaria que estamos experimentando todos los venezolanos.
La Federación en su escrito reitera que este nuevo decreto intenta “legitimar” y “legalizar” una intervención de la producción, la distribución y la comercialización de bienes, dejándole al Ejecutivo nacional un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad, abriendo la puerta a más arbitrariedades y excesos.
«Este decreto conduce a una menor transparencia en el manejo de los dineros públicos, lo que alimenta el contexto de creciente corrupción ya existente en la administración pública, denunciada incluso por simpatizantes, militantes y dirigentes de la coalición oficialista».
Son muchas las promesas incumplidas: un bolívar fuerte, un control de cambio que evitaría la fuga de capitales, un país libre de corrupción, una Venezuela donde se garantizaría la soberanía alimentaria, todas promesas sin cumplir.
Los empresarios recuerdan que desde el pasado 14 de enero estuvo vigente el primer decreto de Emergencia Económica, el cual se justificó como una vía rápida para dar respuesta a los problemas económicos que agobian a los venezolanos, hoy solo tenemos como resultado: más inflación, mayores niveles de escasez, una galopante corrupción, más líneas de producción detenidas, un deterioro progresivo de los servicios públicos y mayores temores y desconfianza.
El gremio empresarial una vez más expone que la crisis económica y social del país, no se resuelve con un decreto de 60 días, prorrogables por 60 más, sino fortaleciendo el aparato productivo nacional, con más inversiones, y para esto hace falta generar confianza en los procesos democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
«Los empresarios estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener nuestras empresas a flote y con ella los más de 10 millones de empleos que generan progreso y bienestar a la familia venezolana».
Urge la restauración de espacios para el diálogo social, para la reconciliación nacional. «Los empresarios queremos trabajar y producir, somos parte de la solución y rechazamos enérgicamente todo lo que implique paralización de empresas y mayor empobrecimiento de la población».
