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Cristopher Borrero

Leo Hernández fue reconocido con el premio extraordinario del máster de Patrimonio Artístico e Integración Cultural de la Universitat Rovira i Virgili de Cataluña, España. Un incentivo a la excelencia académica. Paradójicamente no ha recibido el título como maestrante por adeudar cerca del 60% de la matrícula, que es de 2 mil 200 euros.

A la fecha Hernández acumula 11 meses en España y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) no le ha otorgado ni un dólar o euro por concepto de pago de matrícula, seguro médico o manutención inherentes a sus estudios de grado. “Al mes de haber llegado negaron mi solicitud. Ha sido catastrófico. He luchado en medida de mis posibilidades para culminar los estudios”, lamentó. Como él, unos 12 mil estudiantes venezolanos no reciben oportunamente las divisas.

Reconoció que la universidad ha extendido los lapsos de pago de forma excepcional, e incluso estiman medidas que no violenten su propia normativa para que pueda continuar sus estudios de doctorado, cuestión que lo alienta.

A sus 33 años, el también comunicador social y relacionista público, ha tenido que vender sus pocas pertenencias en Venezuela y endeudarse para subsistir. “Llegué con un préstamo de varias personas. Los primeros tres meses recibí una beca trabajo y pude resolver algo, pero actualmente mi situación económica es muy comprometida”.

Las remesas en el exterior se han convertido en una pesadilla para los estudiantes. “Esto ha devenido en una crisis humanitaria. Me siento absolutamente marginado y maltratado por el Estado. Nos han olvidado”, expuso.

No dan las cuentas 

Andrea de Sousa, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) con especialización en ciencias penales y criminalísticas, cursa un máster en Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias a su doble nacionalidad no tiene problemas con su estatus migratorio y ha repartido volantes para restaurantes y vendido agua saborizada para ganar dinero. Hoy se desempeña como encargada de una tienda de narguiles.

Al mes gana 750 euros, solo en alquiler invierte 230 €, en transporte 82,50 € y unos 16 € semanales en alimentación. Antes ganaba 400 €. “Aún así pudiendo trabajar estoy en un país que está en crisis. Además vine a estudiar no a trabajar. Salgo a las 11 de la noche y llego a hacer trabajos y cosas que tengo atrasada”.

El 1 de septiembre De Sousa tenía que entregar el trabajo de fin de máster y no se lo aceptaron porque no había cumplido con el pago de la matrícula. “Tuve que matricularme una vez más y pagar el equivalente a las unidades de crédito del trabajo final que son unos 600 euros”. Hace pocos días la Universidad de Madrid le concedió una beca para estudiar un máster Derechos Humanos y Gobernanza, la propuesta será rechazada para poder trabajar y cancelar la matrícula en mora.

Martes negro

El 7 de octubre de 2015 se cumplió un año del martes negro de Cencoex. Fecha en la cual, tras no tener oportuna y adecuada respuesta, los estudiantes recibieron de manera casi unísona un email del organismo de control cambiario para comunicarles la negación de sus solicitudes de divisas.

Los estudiantes condenaron la medida, asumida como una violación a sus derechos y un ataque a su formación académica y profesional.

Persecusión, acoso y amenazas 

Los estudiantes en el extranjero también son blanco del Gobierno. El 11 de febrero de 2015, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, profirió una serie de señalamientos contra Carlos Moreno, coordinador mundial de la organización Estudiantes Venezolanos en el Exterior (EVE). En esa oportunidad fue acusado de estar vinculados al partido político Voluntad Popular  (VP) y de presuntas relaciones con Carlos Vecchio, coordinador político de VP exiliado en Miami.

Por su parte Henrry Narveiz Sosa, coordinador general en España de EVE, fue acusado por Cabello posteriormente  de conspirar desde España. Un año después el acoso sigue.

Ante la posibilidad de retornar al país no ocultaron su temor. Ambos pertenecen a la misma organización de Moreno y han resentido los abusos del Régimen. “Las amenazas han llegado hasta acá, nos han seguido y tomado fotos incluso”, aseguró De Sousa.

Aunque en España hay seguridad física, jurídica y mayor libertad que en Venezuela, la joven de 25 años quiere regresar. “Me estoy preparando para invertir toda esta educación, experiencia y conocimiento en Venezuela, para construir un país mejor, el que merecemos”.




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