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Estefanía Rosales Coronel

El primer puesto en la lista de asignados de la OPSU a
Medicina en la Universidad de Carabobo, corresponde a una joven cuyo promedio
es de 18,5. En el puesto 17 hay otra con 19,8. Aunque no quedó en las primeras
posiciones, tuvo suerte en comparación con una estudiante de Bejuma cuyo
promedio de 19,9 no la ayudó con ninguna de las opciones que marcó.

 Un promedio
sobresaliente no es boleto seguro para ingresar a la educación superior. Ahora,
la Oficina de Planificación de Sector Universitario (OPSU) le da un valor de
50% al índice académico, 30% a las condiciones socioeconómicas, 15% a la
territorialización y 5% a la participación en procesos anteriores y en
actividades extracurriculares.

“Es una medida populista para pretender que se está
resolviendo un problema”opina el secretario de la UC, Pablo Aure. “La admisión
debe ser un asunto estrictamente académico”.

¿Democratización o masificación?

El gobierno nacional ha expuesto como uno de sus logros el
incremento de la matriculación universitaria en los últimos 15 años. De acuerdo
con cifras oficiales, en 2011, la tasa bruta de matriculación universitaria en
el país era de 86,20%. El Plan de la Patria contempla entre sus fines llevar
este valor al 100% para el 2019 y democratizar el ingreso al sistema,
eliminando la “exclusión económica, cultural y social”.

-Es de esperarse que la matrícula crezca, pero es insólita
la imposición del gobierno a las universidades autónomas de una cifra superior
a sus capacidades y presupuestos, señala el doctor en Educación, Arnaldo Esté.

Uno de los escollos de las nuevas condiciones que contempla
la OPSU -a diferencia del índice académico-, es que no son auditables. “No hay
forma de saber si ese bachiller que ingresó apelando al nivel socioeconómico
está mintiendo”, advierte el secretario de la UC, Pablo Aure.

La medida estaría justificada si la educación superior en
Venezuela tuviera un costo elevado, pero no es así, sentencia. Las
universidades tienen registros de la demografía de sus estudiantes, y en el
caso de la UC, las rutas del transporte se dirigen a zonas populares y muchos
bachilleres dependen del comedor de la institución para alimentarse. Y existen mecanismos
en la universidad para atender a los aspirantes cuyas condiciones
socioeconómicas son vulnerables, como el ingreso por mérito académico, al que
pueden optar los mejores estudiantes de los liceos públicos, por un cupo y una
beca. “Todos tienen derecho, pero no todos caben”, afirma Aure. “Tenemos que
seleccionar a los más preparados. No basta que se está cursando educación media
para asignarle un cupo. La vocación, la aptitud y la preparación del aspirante
debe prevalecer”.

Cantidad sin calidad

El gran caos que enfrentan los bachilleres de liceos
públicos para ingresar a la Academia es la deficiencia de profesores en
determinadas asignaturas, lo cual los pone en desventaja al momento de
presentar una Prueba de Admisión Interna, explica el rector de la Unimet,
Benjamin Scharifker. 

En el 2012, la Gobernación del estado Miranda aplicó la
prueba de análisis del rendimiento estudiantil de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) conocida como PISA (Programme for
International Student Assessment) en 125 liceos. 60% de los alumnos no superaba
las competencias básicas en matemáticas y 0% alcanzaba el rendimiento óptimo.
42% tampoco las competencias básicas en lectura, apenas 1% alcanzaba el nivel.
Resultados muy por debajo del promedio de los países OCDE, pero en la media de
América Latina.

Se puede deducir que en el país, la educación media no
garantiza que el estudiante tenga el nivel necesario para ser admitido o para
culminar sus estudios superiores, observa Scharifker. “No es tanto qué tan
fácil es entrar, lo que importa es qué tan posible es progresar en los estudios
universitarios”.

En otras palabras, el gobierno no está atendiendo las causas
de las vicisitudes en la prosecución de los estudios de pregrado, sino los efectos;
negando así las deficiencias en el sistema educativo. “Se está exacerbando la
dependencia al Estado, en lugar de fomentar que cada individuo tenga los medios
para procurar su propio sustento”.

Contra la autonomía

La OPSU asignó entre 70 y 100% de los cupos de las
universidades públicas este año, cuando le correspondía 30%. Contrario a lo que
establece el Artículo 109 de la Constitución en que se reconoce la autonomía
universitaria y el numeral 9 del Artículo 26 de la Ley de Universidades, que asigna
al Consejo Universitario la competencia para fijar el número de nuevos
ingresos. En la UC, por ejemplo, se asignaron 10.355 plazas, superior a las
3.956 que le correspondían.

Ante esta contrariedad, 8 de las principales universidades
autónomas introdujeron un recurso de nulidad ante el TSJ. El máximo tribunal
admitió una demanda de protección de intereses colectivos interpuesta por una
estudiante contra las autoridades universitarias. El fallo ordena permitir el
registro y la inscripción de los jóvenes que tengan cupo asignado por el SNI.
Si las casas de estudio actúan contra los lineamientos de la OPSU, pueden ser
penadas. Al rector de la Unimet le preocupa el mensaje que se les está dando a
los bachilleres al dejar de lado el mérito académico, de aquellos que se han
esforzado por la excelencia.




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