Rosa Orozco confía en que las investigaciones continuarán (Foto Archivo El Carabobeño)
Basyl Macías || bmacias@el-carabobeno.com
Sorprendidos e indignados. Así se sienten Rosa Orozco y Saúl Moreno, padres de la joven Geraldín Moreno Orozco, al enterarse de la decisión emitida por el Tribunal Sexto en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que concedió a los sargentos GNB, Paola Barroso y Franklin García, medida cautelar sustitutiva de libertad, con régimen de presentación cada siete días.
Lamento que en el país estemos viviendo en una dictadura, en la que el Gobierno hace lo que le viene en gana. Esta decisión es una prueba de ello, al darle la libertad a estos funcionarios, presuntamente involucrados en la muerte de nuestra hija, precisó Moreno.
El padre de la joven afirmó que una vez más son víctimas de atropello e injusticia, cometidos con el caso de su hija, quien resultó herida de muerte a consecuencia de un perdigonazo en el rostro, que tres días después segó la vida.
A García se le imputó por la presunta comisión de los delitos de autor material en el homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles. A Barroso por la presunta comisión de los delitos de cómplice no necesario en homicidio calificado, con alevosía y motivos fútiles.
El pasado 11 de junio el Ministerio Público ordenó la aprehensión del teniente Alvis Bonilla Rojas, como tercer implicado y quien supuestamente fue quien detonó el arma en contra de Geraldín. Esto cambia el curso de las investigaciones.
Ante esta circunstancia, los padres de Geraldín temen por su seguridad y la de sus familiares. El pasado 6 de mayo solicitaron una medida de protección al Tribunal Sexto, la cual no se ha manifestado. Esperan una respuesta satisfactoria al documento introducido ante la Fiscalía 28 del Ministerio Público del Estado Carabobo y el Tribunal de Control, en el que se oponen a la medida.
Rosa Orozco confía en que las investigaciones continuarán hasta que se castigue a todos los involucrados. Afirma que son 25 funcionarios de la Guardia Nacional que estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos. “Todos son cómplices, porque el teniente coronel Frank Osuna, quien aparentemente estaba al mando de la comisión ese día, debió haber puesto a derecho a los dos guardias implicados en el hecho y ponerlos a la orden de la Fiscalía, y no lo hizo; y seguiremos luchando hasta que se haga justicia, será hoy o mañana, o será la justicia divina, pero no desmayaremos”.
