Alfredo S. Flores | @alfredoflores96
Con la carta de su hermano en la mano, Marina Cordero, expresó con dolor el trato cruel y los maltratos que el mismo Waldo Codero, joven de 21 años detenido desde hace 60 días, relató; los funcionarios de la Policía de Carabobo lo golpearon repetidas veces en la cabeza y en resto del cuerpo.
El caso de Waldo no es el único, todas las madres y esposas que se encontraban a las afueras del Centro de Coordinación Policial Oriental – Guacara, ubicado en el sector Aragüita, detallaron como los privados de libertad no recibieron comida en todo el día. “No les entregaron la comida, la botaron”, expresó una de las familiares.
Según la versión oficial, los hechos de violencia se generaron cuando en una requisa los policías encontraron armas y estupefacientes a los presos, no obstante las esposas, madres y hermanas de los recluidos aseguraron que son desnudadas antes de entrar y les revisan hasta la comida que llevan.
Sobornos e ilegalidad
“Los que introducen las drogas y las armas son la misma policía”, dicen la mayoría de las personas que se encontraban en el exterior de la comisaría, al tiempo que cuentan como la mayoría de los policía les piden sumas de dinero para poder entregar pertenencias a los reclusos. “Me cobraron 5 mil bolívares por pasarle un teléfono a mi hermano”, manifestó.
Ante su afirmación muchos declararon que les había pasado lo mismo, al parecer los funcionarios piden dinero a los familiares de los reclusos y en muchos casos se quedan con algunas pertenencias.
Entretanto los familiares de los reclusos manifestaron su preocupación por el estado de salud de sus consanguíneos, luego de los golpes que habrían recibido. “La prueba son los gritos que pegaban en la tarde, era horrible escuchar cómo los maltrataban”, relató la madre de un privado de libertad.
Los funcionarios de la Policía de Carabobo notificaron a quienes se encontraban en el exterior del centro de coordinación que trasladaron a los reclusos a Puerto Cabello, lo cual generó alarma entre los familiares. Indicaron que no tendrían manera de llevarles comida a los reclusos todos los días en el litoral.
Se debe hacer justicia
Al sitio se presentó un funcionario de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que de constatarse los hechos de maltrato se procedería judicialmente en contra de los funcionarios responsables. “Ya tenemos identificado a uno de los posibles agresores”, mencionó.
Aseveró que pese a estar detenidos los reclusos tienen el derecho a un trato digno, y es responsabilidad de los funcionarios del Poder Judicial actuar con imparcialidad y celeridad.
Luego de conversar con los policías el funcionario dio a conocer a los familiares que por la mañana se trasladarán las personas que tienen un estado delicado de salud a una clínica y que por el momento el traslado no se llevaría a cabo.
