Serra y su asistente fueron asesinados el pasado 1 de octubre. (Foto Archivo)

EFE

El Ministerio Público (MP) acusó formalmente este martes a dos de los diez detenidos por el asesinato del diputado oficialista Robert Serra y de su asistente María Herrera, un crimen que, según las autoridades, tiene motivos políticos.

Se “acusó al escolta y funcionario de la Policía Municipal de Caracas, Eduwin José Torres Camacho (21), y a Carlos Enrique García Martínez (19), por estar presuntamente involucrados en la muerte del diputado” y su asistente, informó la Fiscalía a través de un comunicado.

Torres, exjefe de seguridad del parlamentario, y García fueron procesados por los presuntos delitos de “homicidio agravado en perjuicio del diputado, robo agravado y asociación para delinquir y del delito de homicidio calificado con alevosía por motivo fútil en la ejecución de un robo agravado” contra Herrera.

Ambos, según la Fiscalía, permanecen recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.

Además de Torres y García, también han sido detenidos otros ocho implicados para quienes está previsto que se formulen las acusaciones en “los próximos días”, indicó el texto.

Venezuela está a la espera de la extradición de Leiver Padilla Mendoza, alias “El Colombia”, señalado por el Gobierno de Nicolás Maduro de encabezar una banda de ocho hombres para cometer el delito en contra del parlamentario, y que fue detenido en Cartagena el pasado 2 de septiembre.

Padilla, que se define como chavista, aseguró el pasado viernes en una entrevista con la emisora colombiana W Radio desde la cárcel de Cómbita, que hay un “complot político” en Venezuela alrededor de este crimen, en el que negó cualquier implicación.

Serra fue asesinado en su residencia junto a su asistente, el pasado 1 de octubre, un crimen en el que, según Maduro, está involucrada “la ultraderecha venezolana”.

Al inicio de las investigaciones, el mandatario venezolano acusó al expresidente colombiano Álvaro Uribe y a “criminales” protegidos por el Gobierno de Estados Unidos de ser los autores intelectuales del homicidio por el que, aseguró, se pagaron 500.000 dólares.

Sin embargo, en más recientes declaraciones de las autoridades venezolanas, no se han realizado acusaciones formales ni directas al expresidente colombiano.




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