Edurnes A. Olavarrieta S.
Este lunes en horas de la mañana trabajadores de la compañía Granzonera Montiel y la planta de asfalto Vialimix ubicada en la Zona Industrial El Nepe, en el municipio Guacara, fueron sorprendidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que tomaron el lugar de trabajo. Sin ningún argumento los uniformados les negaron el paso a las instalaciones de las compañías.
Ya son cuatro días que llevamos paralizados, por más respuestas que hemos exigido todavía no hay ninguna precisa. No sabemos por qué el Gobierno mando a militares a tomar el lugar, merecemos que nos den la cara, señaló Juan Bocaranda, trabajador afectado de la Granzonera Montiel.
En el año 2010 se vivió una situación parecida, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez Frías ordenó la paralización de las actividades y el retiro de la permisología de la compañía Montiel, luego de muchos trámites y lineamientos establecidos se logró que la empresa operara nuevamente, aseguró Bocarranda.
El Gobierno siempre ha tenido que ver con estos espacios. La planta de asfalto Vialimix ubicada dentro de los terrenos pertenecientes a la Granzonera es el resultado de una invasión ilegal que realizó el Gobierno a este lugar. Ahora quieren colocar una picadora de piedra, cuyas maquinarias ocupan un espacio importante que nos mantiene laborando en un pequeño hueco, señalo Jesús Salas, trabajador de la mina de piedra Montiel
Son más de 60 trabajadores afectados porque no pueden ingresar al lugar. Exigen la pronta presencia de funcionarios del Gobierno de Carabobo para que se dé una respuesta al problema. No existe ningún documento u orden que exponga que la toma de los terrenos por parte de la Guardia Nacional sea legal, comentaron los trabajadores.
El abogado Reinaldo Rondón, quien representa a la empresa, mencionó que pese a las visitas que se han realizado a la Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo regional y al Comando de la Guardia Nacional en Carabobo nadie le ha sabido explicar la causa de la ocupación de la empresa.
Deben respetar el derecho al trabajo, a la propiedad y, sobre todo, el derecho a la defensa que se ha visto vulnerado e irrespetado por esta situación. No sabemos a quién acudir o contra quién actuar, se exigirá la responsabilidad civil de todos los funcionarios que han intervenido en el caso, resaltó Rondón.
