Dayrí Blanco
Los transportistas de carga pesada no están negados a
cancelar la tarifa que se les impondrá con la descentralización de los peajes,
pero piden que los ingresos sean invertidos en el acondicionamiento de las
autopistas y la restitución de los servicios que se perdieron cuando el
Ejecutivo asumió el control del pago del tributo vial en 2009.
Las condiciones de las carreteras del país, y en especial de
Carabobo, son críticas. El presidente de la Cámara del Transporte del Centro
(Catracentro), Giovanni Lupi, alertó el mal estado del Viaducto La Cabrera que
a menos de un año de ser rehabilitado ya reclama una nueva intervención.
Tampoco se cuenta con la iluminación requerida en las
autopistas del estado, la inseguridad se ha incrementado y no hay servicios de
grúas ni presencia policial como existía cuando los peajes dependían de la
gobernación. «Necesitamos que todo eso se restablezca».
La tarifa a cancelar oscila entre cinco y 80 bolívares, monto
que, según aseguró Lupi, no afecta la estructura de costos ni se verá reflejada
en el precio de los fletes. El sector espera que se habiliten las taquillas
suficientes para evitar que se formen largas colas que retrasen la actividad e
impida que se hagan menos viajes, con lo que se intensificaría la crisis de los
gandoleros en la región. Por ahora, desde 2009, solo cancelan gandolas y
camiones. Los de carga liviana 2,50 bolívares y 10,50 los de cinco ejes. A
principios de enero se aprobaron 157 millones de bolívares para poner en
funcionamiento los peajes.
En Carabobo se mantiene paralizado el 60% de las unidades de
carga pesada por la escasez de repuestos y los altos precios de lo poco que se
consigue. También ha mermado el trabajo por la caída de las importaciones que
llegan a Puerto Cabello y que en su mayoría son transportadas en gandolas
adquiridas por el Ejecutivo desde China y que han sido asignadas a empresas
públicas.
