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Alfredo Fermín || afermin@el-carabobeno.com

Quién es Diosdado Cabello? ¿Qué cargo tiene, que investidura le da potestad para hablar de esas cosas? El es vicepresidente del PSUV y un diputado que no tiene potestad jurídica. Las interrogantes y las respuestas las expresa la magistrada emérita Cecilia Sosa, respondiendo a nuestra pregunta si pueden -como ha dicho Cabello- los demás poderes desconocer a la Asamblea Nacional, al punto de negarle el pago de su personal y la publicación en la Gaceta Oficial de las leyes que apruebe. 

Ese señor está completamente desfasado, respondió Sosa. La Asamblea aprueba el presupuesto del país y su propio presupuesto. Eso lo sabe Diosdado Cabello que está tirando dardos, para hacer ver a la gente que el conflicto de poderes lo está creando la Asamblea. No es así, el conflicto de poderes lo está creando el Ejecutivo para que la Asamblea pierda tiempo peleando con ellos y no haga lo que tiene que hacer. 

Cecilia Sosa, quien presidió de 1996 a 1999 la Corte Suprema de Justicia, convertida en Tribunal Supremo de Justicia, y quien participa activamente como miembro del Bloque Constitucional de Venezuela, hizo un análisis para El Carabobeño, de aspectos jurídicos que se han presentado después de que el Gobierno perdió el control de la Asamblea Nacional. Al respecto expuso: 

Hasta el 6 de diciembre de 2015 hubo el control de los poderes públicos por parte del oficialismo. Era como si fuera una sola cosa, un solo bloque con dos cabezas, la del presidente Nicolás Maduro y la del copresidente Diosdado Cabello. 

Ese día el pueblo dijo: hay que acabar con esto porque no dan satisfacción a mis derechos fundamentales. No podemos seguir en un país donde no hay alimentos, ni medicina, ni seguridad; el salario no alcanza y quiero cambio. Las personas que eligieron una mayoría calificada en la Asamblea Nacional no votaron por partidos políticos. Lo hicieron para que la Asamblea Nacional genere modificaciones en la conducción del país como poder representativo del pueblo al que le hace las leyes, y lo protege con sus valores y sus derechos. 

– ¿Cómo observa usted la reacción del Gobierno ante esta derrota?

– Eso era impensable pero ocurrió, dando en contra una mayoría de las dos terceras partes de diputados, que nunca tuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por eso el Gobierno tomó decisiones, para tratar de desconocer la voluntad popular, y ordenó la elección de nuevos magistrados pero el Poder Legislativo le respondió: soy un poder autónomo con la representación de todos los grupos incluyendo al Psuv. 

Pero el presidente Maduro se colocó en rebelión constitucional exhortando, de manera hostil, a sus seguidores para impedir el cambio que el pueblo decidió. Esa fue la denuncia que presentamos, con el doctor Duque Corredor, ante el Ministerio Público. Esa denuncia no ha tenido respuesta pero el Presidente sigue llamando a salir a la calle sin los resultados que esperaba, porque el Poder Ejecutivo perdió el brazo político y quedó sometido a la legislación que procure la Asamblea Nacional en beneficio de todos los venezolanos. 

Entonces inventaron la impugnación para que la foto del primer día de la Asamblea Nacional no registrara la calificación que el pueblo quiso de 112 diputados. Por eso, “la primera combatiente” (Cilia Flores) dijo, al salir de la sesión: ganamos el primer round, pero no ganaron nada porque son minorías. 

Para ese round obligaron a que la Sala Electoral violara la ley con una sentencia que impedía la juramentación de tres diputados por Amazonas. La Asamblea respondió: somos un poder autónomo por lo cual esto no está dirigido a nosotros. Estará dirigido al Consejo Nacional Electoral. Por eso al día siguiente juramentaron a los diputados restantes. Sin embargo, el oficialismo sostiene que se violó una orden del TSJ. 

Los miembros de la Sala Electoral, los magistrados, deberían estar sometidos a un proceso disciplinario de remoción de sus cargos por ignorancia de la ley que establece que, desde el 15 de diciembre hasta el 7 de enero, los tribunales de la República no pueden dar despacho a menos que ambas partes estén de acuerdo. 

– ¿Qué se puede hacer si, en realidad, se presenta un conflicto de poderes?

– Absolutamente nada porque la sentencia de la Sala Electoral, para impedir la juramentación de cuatro diputados, era inejecutable, no existe jurídicamente. No va a pasar nada. A lo que sí tiene que estar atenta la Asamblea es a no caer en el conflicto de poderes. Si decidió incorporar a tres magistrados debe continuar con su agenda para ocuparse de los problemas del país y a exigir que el Ejecutivo sea eficiente en el cumplimiento de las leyes. 

Porque ahora el Ejecutivo, al no tener el control de la Asamblea, está sometido -como debe ser- al control del Legislativo. Este es el temor del Gobierno porque la Constitución de 1999 ordena que el Poder Político está en la Asamblea no en el Poder Ejecutivo. Ese es el gran drama para Maduro y es lo que no quieren entender los 50 y pico diputados que sacaron. 

Los venezolanos queremos una asamblea para todos y eso es lo que nos tienen que demostrar porque, por primera vez en la historia venezolana, se votó en conciencia, no como miembros de partidos políticos. 

– ¿Es constitucional el parlamento comunal juramentado por Diosdado Cabello?

– El parlamento nacional comunal no existe en la Constitución, ni siquiera en las leyes comunales. Lo que existe, en la Ley de las Comunas, es un parlamento en cada comuna cuyo objetivo es establecer normas de convivencia. El parlamento comunal lo inventó Diosdado Cabello para generar tensiones en la instalación de la nueva Asamblea Nacional. 

– ¿Cuáles deben ser las actividades prioritarias de la nueva Asamblea Nacional?

– Así como se recuperó la independencia de la Asamblea Nacional del resto de los poderes, hay que buscar la independencia del Poder Judicial, a toda costa, porque, si no, vamos a seguir con conflictos entre poderes que a la gente no le interesan. Que lo tengan claro los poderes públicos: su misión es cumplir sus cometidos no es torpedearse uno con el otro. 

Si el Tribunal Supremo de Justicia insiste en ser un órgano del Poder Ejecutivo, hay que cambiarlo porque eso no es lo que está en la Constitución. Para los magistrados, designados a finales del año pasado, hay que buscar el mecanismo jurídico para que queden sin efecto. Debe volverse a abrir el procedimiento, incluso si los designados quieren volver a participar, pueden hacerlo, pero cumpliendo con el procedimiento establecido. Lo que hizo la Asamblea que feneció violó todos los procedimientos para designar a esos magistrados. 




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