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Más de 12 mil venezolanos asesinados en la que va de año,
incluyendo a cerca de 200 funcionarios policiales y militares, más de 90 niños
y niñas como consecuencia de la violencia y la delincuencia, asimismo, 340
mujeres asesinadas de la misma forma, cifran más o menos, señalan que en manos
del hampa se encuentras alrededor de 5 millones de armas y un sin número de
municiones.

En rueda de prensa, Juan José Molina,  secretario general nacional de Avanzada
Progresista, indicó que los últimos actos criminales cometidos en el  país, especialmente aquellos perpetrados contra
funcionarios policiales y altos oficiales de nuestra Fuerza Armada obliga al
gobierno a considerar seriamente un decreto nacional en materia  seguridad ciudadana y policial.

Entre las medidas urgentes destaca la dotación de equipos y
armamento moderno para todas las policías del país, sean estas dirigidas por
alcaldes o gobernadores afiliados al gobierno así como por quienes son en el
terreno político opositores.

Esta es una de las materias que implica un diálogo
constructivo, positivo, nacional que no distingue colores ni toldas partidistas
pues así como caen asesinados funcionaros del gobierno así también se ven
afectados los otros sectores de la sociedad.

El gobierno central ha implementado 21 planes de seguridad a
lo largo de los años sin que ninguno de ellos haya disminuido la delincuencia.

Intensificar el proceso de saneamiento de los distintos
cuerpos policiales y la aprobación de leyes especiales sobre la materia
mediante la discusión abierta y democrática en la Asamblea Nacional son algunas
medidas a tomar a juicio de Molina.

Prensa Avanzada Progresista




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