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El Gobierno ratificó su disposición de colaborar con la Oficina de la Alta Comisionada. (Foto Archivo|El Carabobeño)

El Gobierno Nacional rechazó este sábado las declaraciones del portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Rupert Colville, quien objeta las gestiones ejecutadas por la administración de Nicolás Maduro para explicar la verdad de los sucesos de violencia ocurridos recientemente en este país, y la violación de los derechos humanos de los manifestantes.

A través de un comunicado, la Cancillería Venezolana presidida por Elías Jagua objetó la posición del funcionario de la ONU, al decir que “el señor Colville ha sustentado sus infelices y deplorables declaraciones, apelando nuevamente a la información suministrada por organizaciones de cuestionada reputación que han sido partícipes del plan para intentar derrocar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y cuyo financiamiento se ha comprobado proviene del Departamento de Estado Norteamericano”.

El escrito oficial destaca que tanto el jefe de la diplomacia venezolana, Elías Jagua Milano, como el Representante de Venezuela ante la ONU-Ginebra, Embajador Jorge Valero desde el inicio de la escalada violenta por parte de la oposición venezolano contra el derecho a la paz y la estabilidad de nuestro pueblo, han informado personalmente a la Alta Comisionada Navy Pillay, aportando abundante documentación, veraz y sustentada con pruebas irrefutables que desmienten completamente los señalamientos de su vocero”.

Igualmente deploró que el despacho de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay “participe en la infamia internacional de descrédito contra el Estado democrático venezolano, tomando como ciertas las opiniones de cierto funcionariado incrustado en el sistema de Naciones Unidas que está al servicio de las élites privilegiadas y más reaccionarias de nuestro continente, y que pretende limitar las competencias y obligaciones constitucionales del Estado Venezolano de garantizar paz y los derechos humanos de nuestro pueblo”.

Insistió en reclamar la Cancillería, que “este tipo de comportamientos y opiniones por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU han constituido un aliento a los grupos terroristas, religiosos, racistas y neonazis que recientemente han ocasionado tanta destrucción, muerte y sufrimiento a los pueblos de Libia, Ucrania y muchos países de Africa”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su absoluto apego al Estado social, de derecho y de justicia consagrado en nuestra Constitución y estamos empeñados en consolidar en nuestro país, comprometido en garantizar el libre ejercicio de las libertades públicas, y todos los derechos humanos.

A pesar de los inconvenientes, el Gobierno Venezolano ratificó su disposición de seguir colaborando con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dentro del marco del respeto a la dignidad y competencia de los Estados, y en la defensa auténtica de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos del mundo.




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