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Hasta el momento 34 medios han reportado dificultades para acceder a las divisas. (Foto El Carabobeño)

Alfredo Fermín | afermin@el-carabobeno.com

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela advirtió que la indiferencia que mantiene el Gobierno nacional ante las solicitudes de los periódicos independientes para la compra de papel, representa una amenaza preocupante a la libertad de información y a la estabilidad laboral de los periodistas venezolanos.

Marianela Balbi, directora de la organización no gubernamental, informó que hasta el momento 34 medios han reportado dificultades para acceder a las divisas, por lo cual se han visto obligados a disminuir el número de cuerpos o los suplementos y las ediciones dominicales.

Es una situación que afecta el derecho que tienen los ciudadanos a una información amplia y detallada de todos los asuntos de interés, indicó Balbi. “Se ha reportado que ocho medios han dejado de circular por el mismo problema. Estamos observando que el Gobierno utiliza el acceso a las divisas para presionar a los medios en lo que tiene que ver con la línea editorial”.

Balbi dijo que esta situación se evidencia con la Corporación Alfredo Maneiro, creada por el ministerio de Información y Comunicación con la finalidad de distribuir el papel importado por el Ejecutivo. “Aparentemente puede ser un intento para solucionar el problema de la escasez de insumos, pero también puede considerarse una amenaza para condicionar la independencia de los medios”.

El Bloque de Prensa ha manejado mecanismos de consulta con funcionarios gubernamentales, pero no se le ha dado ninguna respuesta para solucionar los problemas a corto plazo.

Sin duda alguna, esto afecta a diarios que forman parte de la historia del país, a los que el Gobierno no da ninguna respuesta a las solicitudes que han hecho para resolver los problemas que confrontan por la escasez de papel, resaltó Balbi.

A la prensa escrita -agregó Marianela Balbi- se le está presionando para que cambien de línea editorial. Ya lo hicieron con el medio radio clausurando 32 emisoras y con la televisión. Los ejemplos son el cierre de Radio Caracas Televisión en 2007 y el hostigamiento judicial contra Globovisión hasta que la compraron, y le pusieron una programación a conveniencia.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela se encarga de monitorear las limitaciones a la libertad de expresión, para lo cual tiene una base de datos desde 2005. Esta información la presenta anualmente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otras instancias nacionales e internacionales.




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