COMPARTE

DPA

La organización pro derechos humanos
Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que el gobierno del presidente
venezolano Nicolás Maduro y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional están
“utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para castigar a
personas que los critican”.

HRW señaló que, además de las
detenciones arbitrarias y los procesos penales contra políticos de la
oposición, “durante el último año diversas autoridades venezolanas han
iniciado, o amenazado con iniciar, acciones penales contra decenas de críticos
menos conocidos”.

“El gobierno de Venezuela
utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los
jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”,
según José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights
Watch.

El activista chileno denunció además
que “las autoridades venezolanas han abusado, de forma recurrente, de sus
facultades para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y
democrático”, lo cual, según Vivanco, es especialmente importante de cara
a las elecciones legislativas del próximo diciembre.

HRW ha documentado 31 casos de
venezolanos que “enfrentan cargos penales, o fueron amenazadas con ser
investigados penalmente, por haber criticado públicamente al gobierno”.

Entre estos casos se incluyen 22
personas vinculadas con medios de comunicación venezolanos que difundieron
información sobre la supuesta vinculación de Diosdado Cabello, presidente de la
Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, con un cartel de narcotráfico,
recordó la ONG.

Entre los casos documentados, HRW
destacó el caso del empresario venezolano Fray Roa Contreras, detenido tras
criticar en una entrevista en la emisora CNN las políticas económicas del
gobierno; el caso de un médico detenido y amenazado de un proceso penal por
cuestionar la escasez de medicamentos; y el de un ingeniero arrestado tras
criticar en un periódico local las políticas gubernamentales que regulan el
acceso al suministro eléctrico.

“Si bien la mayoría de los
detenidos han sido liberados condicionalmente, los cargos penales y las
investigaciones se mantienen vigentes”, indicó Human Rights Watch.

Contreras continúa detenido y
enfrenta un proceso penal en el cual se lo acusa de presuntamente difundir
información falsa que “cause pánico en la colectividad o la mantenga en
zozobra”.

El Código Penal venezolano prevé
penas de prisión de hasta cinco años para todo aquel que cause
“pánico” o “zozobra” en la población difundiendo
“información falsa”. Y sanciona con penas de hasta cuatro años de
prisión a quienes publiquen información que “hubiere imputado a algún
individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio
público, (o que sea) ofensivo a su honor o reputación”.

Human Rights Watch consideró que
“la ausencia de un poder judicial independiente en Venezuela agrava
considerablemente la amenaza que estas leyes representan para la libertad de
expresión”.

Esta ONG denunció la falta de
independencia del poder judicial venezolano, desde que en 2004 el presidente
Hugo Chávez y sus partidarios realizaron “un copamiento político del
Tribunal Supremo de Justicia”.

Vivanco consideró que este
“gravísimo abuso del sistema judicial es posible debido a que no existen
instituciones verdaderamente independientes en Venezuela que puedan proteger
los derechos humanos y actuar como frenos y contrapesos del poder
ejecutivo”.

El responsable para las Américas de
HRW advirtió al gobierno venezolano que “amenazar y perseguir penalmente a
las personas que denuncian los problemas que atraviesa Venezuela no va a
conseguir que estos problemas desaparezcan”.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.