Personalidades, gobiernos y parlamentos democráticos del mundo, a los que se añade la prensa internacional, observan con horror el golpe de Estado del régimen de Maduro contra la voluntad popular a través de un tsj (con minúscula) abyectamente politizado que, sin recato alguno, viola la Constitución y contradice sentencias reiteradamente aprobadas por quienes hoy las niegan. La más reciente, rechazada por los más prominentes constitucionalistas del país, por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y voceros de numerosos gobiernos democráticos, ha sido la decisión 260 de la sala electoral del tsj (con minúscula) de desincorporar a 4 diputados de Amazonas (3 de ellos opositores) de la nueva AN, sin prueba alguna, pero con la clara idea de quitarle a la MUD su mayoría calificada. Tan urgida estaba la “sala”, que interrumpió su asueto navideño para recibir la impugnación de sus jefes del PSUV: abrió del 28 al 30-D, recibió la impugnación oficial el 29 y el 30 dictó la sentencia contra los diputados de Amazonas. Una muestra de la ética del “máximo” tribunal: Fanny Márquez y Christian Zerpa, fueron nombrados “magistrados” ilegalmente el 23 de diciembre por la AN chavista (en dicha sesión, el todavía diputado Zerpa, votó a favor de sí mismo para ser magistrado).
La ONG “Acceso a la Justicia” publicó un riguroso informe sobre “Las 7 interrogantes de la sentencia 260 de la Sala Electoral del TSJ” en el que explica que el “fundamento jurídico del recurso contra los diputados de Amazonas es que hubo presuntamente un fraude electoral. Según la recurrente chavista, el fraude se cometió porque hay grabaciones en un audio que circula en los medios, de una conversación entre la secretaria de la Gobernación de Amazonas y un anónimo, en la cual ésta ofrece dinero a cambio de votos a favor de la MUD”. El informe desmonta las falacias legales de la impugnación: ”1) La grabación de la supuesta conversación no fue ordenada por tribunal alguno. Es de fuente anónima. 2) Al desconocerse su origen no se tiene certeza de la verdadera identidad de quienes mantienen la conversación (el gobernador y el diputado indigenista sostienen que la voz en la grabación no es de la secretaria del gobernador Guarulla). La verdadera secretaria sigue detenida sin que haya prueba del supuesto delito, siendo la presunta prueba inconstitucional. 3) Uno de los que conversa (“agente encubierto”) no se sabe quién es, ni su papel en los hechos. 4). Se habla de compra de votos, pero no se mencionan hechos concretos sobre votantes específicos. 5) Si se alude solo a unas poblaciones de Amazonas ¿Por qué se afecta a todo el estado? 6) La grabación está editada, es decir, intervenida, de modo que no existe certeza de todo lo supuestamente conversado ni si sufrió otras alteraciones que cambien lo que aparece en ella. Y 7) ¿Por qué el tsj lo admite como prueba cuando carece de sustento? Lo más grave es que se le da carácter probatorio a algo que no es admisible en un juicio y que en realidad no prueba nada y es una “prueba” inconstitucional”.
Con esta monstruosidad falsificada, la sala electoral, arremetió contra sentencias suyas anteriores, creadoras de jurisprudencia: En su fallo Nº. 59 de mayo de 2005, la sala estipuló: “La proclamación no constituye solamente el pronunciamiento del órgano electoral competente sobre la determinación del resultado, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc. Así ,no podrá considerarse finalizado el proceso electoral que no culmine en la efectiva toma de posesión del cargo por parte del candidato electo”.
La nueva AN, cumpliendo con la Constitución, juramentó a los 3 diputados suspendidos ilegalmente por la sala electoral. Toda la jauría oficialista se volcó contra esa decisión. En minutos el tsj condenó a la AN por “desacato”, anuló todo lo aprobado y la dejó inmovilizada (“Si la AN está en desacato, amenazó Diosdado, ningún poder está obligado a reconocerla”. Y dicho y hecho). El diario El Mundo de España pone en evidencia los golpes continuados e inconstitucionales del terrorismo judicial contra la soberanía popular: “La oposición venezolana pierde a los 3 diputados de Amazonas” titula al anunciar la desincorporación nada voluntaria de los 3 parlamentarios. Y añade. “La mayoría opositora de la AN ha encontrado una salida temporal, hasta la próxima emboscada, al laberinto político urdido por el chavismo para bloquearla.(…) De momento y hasta la próxima sentencia del Supremo”. Henry Ramos, presidente de la AN, al reconocer que” esta crisis no es superable con este gobierno”, añadió entristecido que “a veces hay que sacrificar algunas cosas para salvar otras”.
El viernes Maduro debe haber presentado su memoria y cuentos en la AN, ya levantado el “desacato” por el tsj. La salida (¿temporal?) de los 3 diputados del Amazonas ante la paralización sentenciada por los juristas del horror, deja las puertas abiertas a otras impugnaciones del oficialismo que reposan, con fecha atrasada, en su partido judicial (sala electoral); y a incumplimientos aberrantes como el del acuerdo de la AN que beneficia a presos perseguidos políticos, y en el que se exhorta al Gobierno a cumplir con decisiones de organismos de DD HH. Ya la bancada oficialista dijo que acudirá a su albacea, el tsj, para que lo anulen, demostrando así la tendencia de ambos a violar los DD HH. Este horror se extiende hasta la obscena negación de justicia a los presos políticos: por décima vez ha sido negada la audiencia de Antonio Ledezma. Y a la inmunidad de los grupos violentos armados. O a la rapiña hamponil de los equipos de ANTN, puestos al servicio de la minoría del PSUV. O al ominoso silencio sobre la presunta relación de sectores del Gobierno con el narcotráfico. El despido precipitado del supersobrino doblemente tesorero -Pdvsa y Tesoro-, se debería a que “EE UU, lo estaría investigando por supuesto lavado, según habrían denunciado su primos, presos en ese país por presunto narcotráfico”. Las agencias de riesgo y banca internacional colocan a la Venezuela de Maduro en el tope de la recesión, con la inflación, escasez y corrupción más altas del mundo y una tasa de homicidios que ya alcanzó la cifra histórica de 90 por cada cien mil habitantes.
Nada de esto habrá sido citado por Maduro en su “memoria y cuentos”. Ni tampoco citará el sincero reconocimiento del ministro Jesús Farías de que “la crisis del país es culpa del modelo económico y en eso los enemigos del chavismo tienen razón”. Subraya también Farías que “el pueblo no compró la tesis de la guerra económica”, tesis sostenida por el nuevo ministro de Economía, el radical Salas, quien jura que no existe la inflación, y quien junto con Maduro, terminará de hundir a este país de gracia llamado Venezuela.
