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Luis Alejandro Borrero || lborrero@el-carabobeno.com

Estado paradójico. El 28 de julio de 2010, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó que el agua es un derecho fundamental. La propuesta la hizo Bolivia, pero Venezuela fue uno de los países que más fuerte apoyó la iniciativa. Lucio Herrera Gubaira, director legal de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua (Fmpca) lamenta que la esencia se haya perdido. “Hidrocentro comete violaciones sistemáticas de Derechos Humanos”. 

Negar por largos períodos un recurso fundamental, en el caso del litoral de Carabobo; o suministrar con una calidad severamente cuestionable, como en la Gran Valencia y Aragua, es una trasgresión de los estatutos fundamentales y se considera crimen de lesa humanidad, detalló el abogado de la Universidad de Carabobo, durante el foro ciudadano: “El agua, enemigo silencioso”. 

En 2012 la Fundación  Movimiento por la Calidad del Agua introdujo un recurso de protección de derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El máximo tribunal del país se declaró incompetente para conocer de la causa y se designaría un tribunal regional ambiental para estudiar lo que se conoció durante la primera parte de la década como “el juicio del agua”, que nunca concluyó. 

Hablar De Calidad Es Obligación

Durante su exposición, Herrera Gubaira se dirigió a la junta directiva de Hidrocentro. Le reprochó por negarse a hablar sobre la calidad del agua y limitar su discurso en entrevistas y comunicados a un tema exclusivo de cantidad. La tesis del Gobierno es que el fenómeno climático El Niño es el absoluto responsable del racionamiento. 

Para Herrera, no hablar de la calidad es una violación de leyes. La hidrológica está obligada a publicar mensualmente 54 parámetros físico químicos de calidad del agua, pero solamente publica 11. “El agua es insustituible para la vida y el bienestar humano, el desarrollo social y económico”, citó el profesor. 

El director legal de la Fmpca no desestimó volver a elaborar un documento jurídico para acudir a instancias nuevamente y reclamar un derecho fundamental. Pero dejó algo claro: las leyes no son sino instrumentos que deben ser activados por la sociedad civil, a través de la presión y la denuncia para garantizar en última instancia que se cumpla la norma. “La ciudadanía tiene dos caminos: conformarse o actuar”.  




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