Luis Alejandro Borrero | @LABC7
El 6 de febrero de 2010 se hizo la primera publicación. La calidad del agua en Carabobo estaba comprometida por la falta de obras. Toda la opinión pública se conmocionó y abrió un debate, menos el oficialismo y las instituciones responsables. Fueron años en los que la negación era una constante, recuerda Manuel Pérez Rodríguez, director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua (Fmpca). Le define como la muestra de la intención de mantenerse en el Poder a pesar de una clara violación de Derechos Humanos.
La razón la dio el tiempo. Es inocultable la realidad. La Fmpca emitió un comunicado esta semana en la que se sorprende por las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Saúl Ortega. Una de las figuras más preponderantes del chavismo en Carabobo declaró que había llegado el momento de abrir el debate sobre la calidad del agua en la región. “La organización no comparte la posición de Ortega de no haber hecho el debate antes sobre este gravísimo problema”, se explica en un comunicado.
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Eso costó que más de tres millones de personas que se abastecen del Sistema Regional del Centro estuvieran expuestas al mal olor, color, sabor de lo que salía por sus grifos. Componentes no deseados como cloro y aluminio se le añadieron al problema. Incluso cianobacterias que producen toxinas letales. Por ello, en marzo de 2012, la Fmpca acudió al Tribunal Supremo de Justicia, ante lo que luego se definiría como una violación flagrante: un delito de lesa humanidad contra la población y su derecho humano al agua potable.
Se comenzó lo que se conoció como el Juicio del Agua. Se interpuso un recurso de amparo en el máximo tribunal del país por el caos sanitario en la región. En junio de 2013 se admitió la demanda, pero ante juzgados regionales. Específicamente el Tercero de Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego. Desde entonces el juicio avanzó con muy poca velocidad. Aún no ha habido pronunciamientos al respecto, más que un exhorto que se hizo a la empresa responsable de emitir un informe.
El suministro de agua con mala calidad es una preocupación constante (Foto Archivo)
Pero en la Compañía Anónima Hidrológica del Centro (Hidrocentro) la negación persiste. En su interpelación ante la Asamblea Nacional (AN) el 27 de enero, Luigina Cercio volvió a desestimar las denuncias. La presidenta de la estatal aseguró que los señalamientos carecían de pruebas. Para Fmpca se trata de la intención de aferrarse al Poder a toda costa, en este caso al de una institución pública.
Los diputados, como se les ofreció ese día en la AN, visitaron la Planta Potabilizadora Alejo Zuloaga el 4 de abril de 2016. Allí se les reconoció en una reunión privada que la potabilización era un problema. Que Hidrocentro trabajaba al límite de los estándares permitidos por las “Normas Sanitarias para la Calidad del Agua Potable” y que en julio de este año se verían mejoras sustanciales. Para Pérez Rodríguez no hay razones para pensar que las rehabilitaciones vayan a estar listas este mes, por lo que la violación de derechos fundamentales persiste.
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Usted puede leer completo el documento que emitió la Fmpca sobre las declaraciones de Ortega pulsando aquí
