La tarde del 18 de marzo: Por informar en su blog personal sobre el caso de los 28 mineros desaparecidos en Tumeremo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al periodista de Fe y Alegría Pedro Luis Montilla en Barquisimeto, estado Lara. Luego del allanamiento, la computadora de Montilla le fue decomisada. La razón que le dijeron era que él, en una información, comentó que el Sebin y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tenían vinculación en el caso de los mineros de Tumeremo. Tras un intenso interrogatorio, fue liberado. El caso de Montilla se cuenta entre las 53 situaciones de intimidación que Espacio Público registró en el primer trimestre de este 2016.
En todos estos episodios se vulneró el derecho humano a la libre expresión, en los cuales se registraron un total de 64 violaciones. Aunque con una disminución del 39% respecto al mismo período del año 2015, cuando se registraron 105 violaciones, el total de eventos aumentó de 59, en 2015, a 64, entre enero y marzo de 2016. El informe de Espacio Público aclara que aún cuando hubo menos violaciones registradas en cada hecho, aumentaron en el aspecto en que las ocasiones en las que se impide buscar, recibir o difundir información sostienen una incidencia importante. Aunque la vulneración del derecho se manifieste en menos facetas durante un evento, las consecuencias restrictivas se mantienen.
Intimidación, la modalidad más frecuente
La intimidación se manifestó principalmente en retenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad o funcionarios de instituciones públicas a fin de impedir la cobertura de actos públicos, procedimientos policiales o situaciones sensibles para la opinión pública. Bajo esta modalidad, en 18 ocasiones se impidió el trabajo periodístico.
El discurso polarizante, combativo, que ubica a la prensa crítica como enemigo político ha sido una constante en los últimos 16 años y no muestra indicios de ceder, según analiza Carlos Correa, director de esta ONG que analiza la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En este primer trimestre, el hostigamiento verbal alcanzó el 20% de incidencia como la segunda violación más frecuente.
Los periodistas fueron víctimas en 36 oportunidades, seguidos de los medios de comunicación que se han visto afectados de varias maneras: criminalizados en el discurso oficial, con la suspensión de circulación en el caso de medios impresos, y en menor medida, en ataques contra la sede (26 de febrero de 2016, Desconocidos causaron destrozos en sede de Valera Noticias).
Pero, son los reporteros gráficos y los trabajadores de la prensa (camarógrafos, asistentes de cámara, choferes) los que se encuentran más expuestos a las agresiones y retenciones ya que son fácilmente identificables por su equipo de trabajo. En suman, trece (13) de ellos se han visto afectados por registrar información en estos últimos tres meses.
El 68% (75) de los afectados son hombres, mientras que el 32%, es decir, 25, fueron mujeres.
El Estado en sus diversas expresiones, se presenta como el mayor victimario entre funcionarios públicos, cuerpos de seguridad, instituciones estatales, presidente de la República e instituciones administrativas. Alcanza a ser responsable del 83% de las violaciones a la libertad de expresión (45 casos). Le siguen desconocidos, particulares (3), grupos violentos (2) y hacker (1, el caso de la cuenta de Twitter de Luis Chataing) y una denuncia de intervención telefónica.
Mayores casos en Caracas
Los estados en los que se registra mayor violación del derecho son el Distrito Capital, con 24%, seguido de Táchira y Zulia con cuatro (4) casos cada uno, y en tercer lugar Lara y Falcón con tres (3).
Espacio Público también reporta dos hostigamientos (insultos a periodistas por cubrir entierro de preso de Tocorón) y amenazas a través de sitios web de instituciones públicas y redes sociales.
Entre los casos emblemáticos, resalta la rueda de prensa en la que el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, hostigó verbalmente a la periodista Mariana Duque, de El Pitazo el 31 de marzo, por haber entrevistado a unos funcionarios de la Policía del Táchira que denunciaban irregularidades. El mandatario la insultó, hasta llegó a decir que era “una periodista tarifada y que otros medios también están tarifados por la oposición”.
La persecución hacia el periodismo independiente no cesa. A través de la red social Twitter, el diputado ante la Asamblea Nacional, Winston Flores, denunció que por orden de la Vicepresidencia de la República el circuito informativo Unión Radio no podrá entrevistar a familiares de los mineros desaparecidos en Tumeremo, estado Bolívar. Flores emitió el mensaje a la red social en el que incluyó un presunto correo electrónico donde se ordena la restricción “hasta nuevo aviso”. “Queda demostrado que este régimen le hace culto a la mentira y a toda costa evita la libertad de expresión”, publicó el coordinador nacional de activismo de Vente Venezuela.
Y más amenazas, agresiones y ataques
El reportero gráfico Humberto Matheus, del diario Versión Final; el periodista José Antonio González y la fotógrafa María Fuenmayor, de La Verdad y Ángel Romero y José López, de la web Noticia Al Día, fueron retenidos, intimidados y amenazados por funcionarios de la Policía del estado Zulia, durante la cobertura de una situación irregular en el retén El Marite de la entidad, el pasado 28 de marzo. Humberto Matheus, jefe de fotografía del diario Versión Final, relató que en medio de la cobertura, donde las fuerzas de seguridad estaban sacando del retén unos vehículos robados, la situación se tornó tensa y los funcionarios empezaron a lanzar perdigones y gases lacrimógenos, para dispersar a los familiares de los reclusos que estaban en la zona.
Precisó que también comenzaron a disparar al aire. “En ese ajetreo de disparos, gritos y carreras, la prensa quedó en medio de la línea de fuego. Fuimos reunidos (la prensa) y empezaron a empujarnos y nos llevaron a una ´zona de seguridad´ donde solo estaban ellos (los policías). Ahí en esa zona se sintieron seguros y pudieron golpearnos, hostigarnos verbalmente y tratar de despojarnos de nuestros equipos, que nunca pudieron”, relató Matheus.
Fabiana Delgado, quien cubría la pauta en compañía de Matheus, logró escapar de la situación, luego de correr “tres cuadras más o menos y refugiarme en al menos tres casas como una delincuente. Tuve que esconder mi carnet y mi libreta”, relató. Matheus aseguró a Espacio Público que un civil, vestido de franela naranja, gorra azul y chaleco antibalas le metió dos empujones por el pecho y le preguntó si iba a dar la memoria de la cámara, porque de lo contrario le iba a dar dos tiros en la cabeza: “ahí fue cuando pensé que si nos seguíamos resistiendo eso iba a pasar a mayores”.
Sobre estas denuncias por distintas agresiones sufridas contra los periodistas en el ejercicio de sus funciones, existe un 100% de impunidad, asegura Marco Ruiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
“En los últimos años han venido de manera sistemática, hemos venido siendo objetos de presiones de todo tipo, por parte de las instituciones del Estado que nos han sometido a persecución judicial, a larguísimos interrogatorios, coacciones para que revelen las fuentes periodísticas, inclusive los han golpeado físicamente y todas las denuncias realizadas ante la Fiscalía, ninguna hasta la fecha ha sido procesada”, lamentó.
El peligro inminente es una constante que corren los trabajadores, sobre todo de los medios impresos de comunicación, debido al “férreo control político del Gobierno nacional a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro”, el cual no está garantizando los insumos y la materia prima para que los medios puedan circular”.
“Tenemos por lo menos 20 medios de comunicación afectados de manera muy dramática. Muchos de ellos han dejado de circular, otros han dejado de circular de manera temporal, otros han tenido que cambiar su formatos y su periodicidad, es decir hemos sido testigos de una reducción importante de los espacios en los cuales se debería debatir y exponerse la pluralidad de las posiciones que existen en un país verdaderamente democrático”, dijo.
Resultan oportunas citar unas declaraciones dadas el 30 de marzo por el director del diario El Impulso, Carlos Carmona, sobre la opinión del presidente Nicolás Maduro al asegurar que los medios impresos desaparecerían en dos años debido a los avances tecnológicos; Carmona explicó que en el continente existe un retraso considerable con las nuevas tecnologías, pero que “la única manera que desaparezcan los medios impresos en el país en un corto plazo es que nos suspendan la venta de papel a todos”. ¡Sobran las palabras!
