Rafael Narváez, defensor de derechos humanos. (Foto Archivo)
Dayrí Blanco
La impunidad reina en el país. Desde 1999 hasta 2013 se han registrado 180 mil homicidios. Cifra alarmante que luce aún más pavorosa al conocer que solo el 2% de esos casos fueron a etapa de juicio. El 98% restante sigue bajo el amparo de la ilegalidad. No hay fiscales del Ministerio Público asignados a esos hechos violentos. Nadie investiga.
Para el defensor de derechos humanos, Rafael Narváez, el Estado desprecia la vida de todos los venezolanos. Hay pocas posibilidades de estar a salvo en este sistema de gobierno. En la calle mata el asesino, en la cárcel el pran y en los hospitales la gente muere por falta de insumos.
En Venezuela existen 33 cárceles con una condición de hacinamiento que supera el 300%, debido a que fueron creadas para 400 presos y soportan hasta dos mil. En total existen 50 mil reclusos en el sistema penitenciario. Estos números no cuadran en las sumas hechas por Narváez, quien recordando la cantidad de 180 mil asesinatos se pregunta dónde están los otros 130 mil homicidas: “siguen en la calle matando”.
En 1998, antes del inicio del mandato de Hugo Chávez, ocurrieron en el país cuatro mil muertes violentas. En 2013 se registraron 25 mil, según cifras extraoficiales. Lo que índica que la cifra roja se incrementó seis veces durante ese periodo.
Desamparo total
El Estado no está cumpliendo con su obligación de preservar la vida de todos los ciudadanos, incluso de quienes están privados en libertad. La Carta Magna así lo establece, y destaca en su artículo 43 como el derecho fundamental y universal.
El Ministerio Público es el encargado de investigar los delitos según el Código Orgánico Procesal Penal. Pero cuando muere alguien el Cicpc pocas veces llega a tiempo, la escena del crimen se contamina y no hay resguardo de las evidencias. El caso no suele ser asignado a ningún fiscal, queda en el olvido. Y el familiar, en vista de que no hay respuesta del Estado, deja de creer en el Poder Judicial.
Caracas permanece como la quinta ciudad más violenta del mundo, la primera en Latinoamérica, y en Venezuela, donde siguen los estados Carabobo, Zulia y Lara. En el país se cuentan de viernes a domingo, durante cada mes, alrededor de mil 500 homicidios.
Para contrarrestar estos altos índices de inseguridad, el Gobierno ha implementado 23 planes integrales de seguridad sin trascendencia. Puso en marcha un plan de desarme a través de una ley que se aprobó en forma de consenso y que para Rafael Narváez es una mentira. El ministro de Interior y Justicia le tiene miedo a los delincuentes. Luce cobarde para desarmar a la población, sentenció.
Todo indica que los venezolanos están desprotegidos. Los poderes públicos están para sostener el gobierno de turno y descuidan la investigación penal. En las cárceles, la ministra cedió el poder a los pranes. El 70% de los jueces son provisorios y no sentencian porque ponen en riesgo su trabajo. Y el policía no enfrenta al delincuente porque pierde la vida y su hijo no tiene pensión vitalicia, dijo Narváez.
En términos generales, el Ejecutivo no siente el frío de la muerte porque tiene chalecos antibalas, motorizados que les abren el camino y carros blindados. Los que mueren a diario a manos de la violencia son los pobres, aseguró el defensor de los derechos humanos.
