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EFE

Un grupo de indígenas ecuatorianos que ha permanecido por diez días en un parque del centro de Quito, en protesta contra el Gobierno, abandonó la ciudad este sábado, aunque sus dirigentes aseguraron que el levantamiento o movilización de las comunidades continuará en los próximos días.

El grupo de varias decenas de indígenas terminó de recoger sus cosas y levantar las tiendas de campaña que instalaron el pasado 12 de agosto en el parque El Arbolito, para retornar a sus respectivas comunidades. 

Ellos llegaron a la capital tras efectuar una marcha desde la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sureste) que inició el 2 de agosto, en demanda de rectificaciones a varias políticas aplicadas por el Gobierno del presidente Rafael Correa.

Durante su estadía en Quito, esos indígenas, apoyados por sindicatos y otros sectores sociales, realizaron varias marchas por las calles del centro histórico de la ciudad, una de las cuales, la efectuada el día 13, se tornó violenta y terminó con una veintena de policías heridos y varios detenidos.

El levantamiento convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) demanda, entre otras cosas, el archivo de un proyecto de Ley de Tierras, la derogación de una normativa sobre Aguas y de varios decretos considerados “anti obreros”.

Una de las principales demandas es el archivo de unas enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo y en estudio en la Asamblea Nacional (Parlamento), que incluyen la posibilidad de reelección indefinida de autoridades.

La Conaie teme que esa enmienda sea usada por el presidente Correa para “peremnizarse” en el poder, aunque el oficialismo ha aclarado que solo permitirá a las autoridades electas presentarse a las elecciones y que será el voto popular el que decida si repiten o no en el cargo.

La dirigencia indígena, que en principio sostuvo que no abandonaría Quito sin recibir una respuesta del Gobierno, levantó la acampada en el parque El Arbolito, dejando sentado que la protesta se mantendrá a nivel nacional.

Marco Guatemal, vicepresidente de Eucarunari, la filial quichua de la Conaie, dijo en declaraciones reproducidas en el portal de internet del diario El Comercio, que el levantamiento indígena continúa en todo el país.

Señaló que el próximo 16 de septiembre se convocará a una nueva movilización para exigir la liberación de los manifestantes detenidos.

Los dirigentes de la Conaie se reunieron el viernes, en Quito, en la que denominaron “Asamblea popular”, junto a delegados de otras organizaciones sociales, para ratificar la continuidad de las protestas y definir una agenda de nuevas movilizaciones.

La Conaie, en su cuenta de Twitter señaló que el próximo miércoles efectuará una movilización para pedir la liberación de un centenar de detenidos en las últimas manifestaciones.

Asimismo, dijo que se resolvió convocar a una “Convención de Trabajadores y Movimientos Sociales” para el próximo 29 de agosto y a otra “Asamblea Nacional Popular”, para el 15 de septiembre, con delegados de todas las provincias.

En esa cita, que se efectuará en Quito, se convocará a una marcha nacional el 16 de septiembre, cuyas características no especificó.

Tras la reunión, los manifestantes efectuaron una nueva marcha por las calles del centro histórico de Quito, que transcurrió sin incidentes y custodiada por la policía.

El presidente Correa ha afirmado en los últimos días que las protestas de los indígenas y sindicatos caen en “el juego a la derecha” y otros grupos poderosos nacionales e internacionales interesados en desestabilizar a los llamados gobiernos progresistas de la región.

Correa ha insistido en que hay una estrategia regional, a la que ha denominado “golpe blando”, que incluye el “calentamiento de las calles” con protestas, como ha sucedido en Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil.

Los indígenas y sindicatos, que eran aliados del Gobierno en sus inicios (2007), rechazan las acusaciones de Correa, afirman que no quieren desestabilizar al país, que tampoco guardan relación con los opositores de derechas y aseguran que su protesta solo busca rectificaciones por parte de la Administración central. 




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