Policía de San Diego logró desalojar a algunos de los invasores. (Foto Eduardo Valencia)
Yuraidith González | yugonzalez@el-carabobeno.com
Las instituciones públicas que no cumplen con su trabajo por incompetencia o en complicidad con el Gobierno nacional, además de un plan de viviendas que no satisface la demanda, hacen que la impunidad tome fuerza frente a la toma ilegal de terrenos, explicó el sociólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Coello.
Las invasiones desmejoran la calidad de vida de los ciudadanos y colocan en riesgo la seguridad del entorno. Ese es el costo de permitir este tipo de cosas, apuntó Coello.
Este Gobierno ha usado las invasiones como un tema político, por eso los tomistas perciben que no se enfrentarán a las leyes. “No son capaces de solventar el problema de las viviendas, entonces permiten que algunas personas invadan”, condenó el docente.
Se trató de entrevistar vía telefónica al general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, Arquímedes Herrera Ruso, quien está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero el funcionario colgó la llamada luego de formularle la primera pregunta sobre el tema de las invasiones.
Tomas en San Diego
El terreno destinado para la construcción de viviendas de 265 educadores en el sector La Caracara, al final de la calle El Silencio, en San Diego, ha sido invadido en reiteradas ocasiones por una supuesta cooperativa llamada “Jorge Rodríguez”.
Luz García, presidenta de la Asociación Valle de Macomaco y propietaria de unos de los parcelamientos, alegó con documentos y planos en manos que hay un grupo de invasores que dice estar en esos terrenos porque tiene un proyecto de siembra, sin embargo las tierras pertenecen a las 10 hectáreas destinadas para un proyecto habitacional de maestros, adscritos al Instituto y Previsión de Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme). “Fuimos víctimas de invasiones de esta cooperativa, que se apoya en el Instituto Nacional de Tierras para agarrarse los terrenos que ellos quieran”.
El proyecto de viviendas está inscrito en la Alcaldía de San Diego. Los planos y los permisos de construcción están firmados por esa jurisdicción, aseguró García. Negó que esas aéreas sean para sembrar, porque ya fue removida la capa vegetal de varias hectáreas.
Los educadores instaron a la Guardia Nacional a desalojar a los tomistas, aunque los efectivos les habrían alegado que solo se dirigen a San Diego cuando hay ”guarimbas”. Funcionarios de la Policía Municipal, en contraste, han prestado su apoyo.
