Luis Alejandro Borrero | @LABC7

lborrero@el-carabobeno.com

En 2014 los defensores de Derechos Humanos se escandalizaron. Hubo más de tres mil 500 detenciones arbitrarias durantes las protestas antigubernamentales. El Gobierno les llamó “Guarimbas”. Los apresados, en su mayoría, eran estudiantes y opositores de más o menos clase media. En 2015 las esposas cambiaron de preferencia. El ojo de los represores apunta hacia otro lado, de acuerdo con el informe anual del Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).

Los pobres son las nuevas víctimas de la represión. La Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) es una muestra. Provea les define como la muestra de la represión generalizada. Hubo 17 mil 337 violaciones a la libertad personal. Se realizaron 15 mil 946 detenciones arbitrarias. Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea añadió que durante los operativos los funcionarios robaban a los vecinos de las zonas pobres. “Entraban a una casa, rompían todo. Si encontraban un kilo de arroz sin abrir, se lo llevaba. Si estaba abierto ya, se lo botaban. Cargaron con televisores porque, según los policías, un pobre no podía tener un plasma si no era robado. Hubo casos en que los partieron sin llevárselos”.

Las víctimas no han sido reivindicadas. Rodríguez señala como un ejemplo la comunidad Brisas del Hipódromo. En agosto de 2015 un despliegue de funcionarios al sur de Valencia culminó con la demolición total de 436 viviendas. Los vecinos tenían un mes protestando porque habían sido engañados. Se supone que debieron recibir un apartamento de la Misión Vivienda en Ciudad Chávez, urbanismo adyacente, pero nunca fueron reubicados. Luego vino la OLP y acabó con todo. Hasta ahora los desplazados no han recibido respuesta, denunció.

Hubo 460 casos de violación al derecho a la vida. Buena parte se trata de ejecuciones extrajudiciales. “Se decía que las personas caían en enfrentamientos”. Pero la realidad es distinta a la de boletines de prensa del Ministerio de Interior. De 245 muertes en OLP durante el año pasado solo tres funcionarios cayeron abatidos, lo que le resulta curioso al investigador.  

Las protestas no fueron un blanco para las autoridades. Las detenciones arbitrarias en protestas registraron 217 personas presas en 2015. Eso es una reducción de 94% respecto con el período de las guarimbas. Pero Rodríguez advierte que en lo que va de 2016 la tendencia cambió para peor: “Ahora se están llevando detenidos a todos. No importan si protestan por agua, comida, electricidad o el referendo revocatorio”.




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