Dayrí Blanco|@DayriBlanco07
No hay nada improvisado. En cada carpeta está todo especificado. Los funcionarios lo saben, se conocen el libreto de memoria y lo han practicado seis veces en los últimos cuatro días solo en Carabobo. El trabajo es claro: inspeccionar las plantas de Empresas Polar, y para ello se han preparado con planillas personalizadas elaboradas para la firma y una lista de pasos a seguir durante el procedimiento que tarda entre seis y nueve horas.
Uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) son una constante. No faltan en cada visita. “Si ellos no vienen no dejan entrar a la comisión”, expresó un trabajador en las afueras de la planta San Joaquín la tarde del lunes, cuando esta serie de fiscalizaciones iniciaron. Los militares son los encargados de mostrar a los vigilantes la orden de servicio para la realización de la “inspección especial”.
“Piden documentos de todo tipo”, reveló un sindicalista de una de las plantas. La idea es verificar cantidad de materia prima nacional e importada que han recibido, inventario actual de esos insumos, necesidad real de materiales para la capacidad productiva, condiciones de manufactura, y causas de paralizaciones de líneas. Los papeles son revisados minuciosamente en alguna oficina que la gerencia disponga para tal fin, aunque también se llevan copia de los mismos. “Y toda esa información es algo que ellos ya manejan porque el Estado tiene el control de los dólares que se asignan, la materia prima que se compra, lo que llega, los precios y hasta de las guías de movilización hasta donde se distribuye cada producto”.
Cuatro de los seis procedimientos realizados en la región han comenzado en la mañana. En hora de almuerzo los representantes de la empresa gestionan cada uno de los platos de los integrantes de la comisión. Después de la comida el trabajo continúa con la verificación de documentos relacionados a las condiciones laborales como el número total de la nómina y cantidad del personal bajo la figura de suspensión laboral, si se da el caso.
Una vez levantada toda la información administrativa, y hechas las entrevistas a los representantes de las gerencias de Operaciones, Gestión de Gente y Contraloría de Operaciones, inicia el recorrido por la planta, en la que los funcionarios toman foto de cada paso que dan, hacen unos cuantos vídeos y preguntan ante cualquier duda.
El procedimiento se da amparado en los artículos 3,82, 87 y 89 de la Constitución; 3, 12 y 13 de los convenios 81 y 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los títulos V, VI y VII y los artículos 18, 25, 514, y 515 de la Ley Orgánica del Trabajo, según se lee en el acta que se firma al finalizar la inspección entre los representantes de Empresas Polar, el sindicato y los integrantes de la comisión mixta que es conformada por funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat),, Ministerio del Trabajo, y la Defensoría del Pueblo en algunos casos.
En cada uno de los casos el resultado ha sido el mismo. Los datos suministrados de materia prima y de producción coinciden con los que maneja el Gobierno, las paralizaciones obedecen a agotamiento de insumos, y solo se han encontrado algunas incongruencias en los mecanismos de suspensión laboral aplicados. “Esto es solo un show. Vienen para ver lo que ya saben”, indicó un sindicalista.
El domingo 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro anunció que “empresa paralizada, empresa tomada”. Al día siguiente fue visitada la planta de Cervecería San Joaquín, cuyas operaciones se detuvieron desde el viernes 29 de abril, el martes el turno fue para Salsas y Untables, el miércoles le tocó a Metalgráfica y Cereales, y el jueves la inspección se dio en Superenvases y Limpieza.
