Scarano inició su tercer mandato con más del 70% de los votos. (Foto Archivo/El Carabobeño)
Ana Rodríguez Brazón || arodriguez@el-carabobeno.com
El 8 de diciembre de 2013 los alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática en Carabobo, celebraban el triunfo en las elecciones locales luego de una ardua campaña para recuperar municipios como Valencia. Esa noche, desde el Comando de Cocchiola, en la calle Los Colegios, Vicencio Scarano, reelegido en San Diego, junto a Miguel Cocchiola escogido para mandar en la capital del estado, agradecía al pueblo un nuevo mandato en el municipio más seguro de la región. Pero meses después sería apartado de su cargo y encarcelado en Ramo Verde.
Las guarimbas comenzaron el 12 de febrero y los supuestos responsables tenían que ser castigados, promulgaba el Gobierno. El 18 de febrero Leopoldo López, líder opositor y dirigente del partido Voluntad Popular, se entregó a la justicia y hasta hoy permanece, sin sentencia, recluido en la cárcel militar.
Un mes después, el 19 de marzo, por presunto desacato a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenaba a Scarano a mantener las calles libres de barricadas, fue destituido y enviado a Ramo Verde junto al comisario de la Policía Municipal, Salvatore Lucchese. La medida agarró a los sandieganos por sorpresa, para ellos su alcalde era inocente y no merecía permanecer tras las rejas por diez meses y 15 días, sentencia que debería culminar el 3 de febrero de 2015.
Ese mismo día el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue detenido por orden del Tribunal Primero de Control del estado Táchira, por presunta comisión de los delitos de rebelión civil y agavillamiento, según dio a conocer el entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres.
Las cosas trascurrieron con rapidez en San Diego. En diciembre Scarano iniciaba su tercer mandato con más del 70% de los votos. En entrevista a El Carabobeño, recordó desde su despacho las obras que continuarían en construcción, como la Concha Acústica y el Terminal de Pasajeros e insistió en la necesidad de mejorar servicios como el agua. Tres meses después llegó la turbulencia.
De manera diligente el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó el 20 de marzo a unas nuevas elecciones en San Diego. El pueblo salió a las calles pero sus voces no fueron escuchadas. Primero fue designado Pablo Domínguez como alcalde, luego Ronald González, quien fungía como presidente del Concejo Municipal y por último, entre una campaña cargada de emociones, el 15 de mayo, Rosa de Scarano, elegida con más de 80% de los votos frente al candidato oficialista, pero abanderado del MEP, Alexis Abreu.
En Desacuerdo
Eloy Rutman, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, consideró en ese momento que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el caso de Enzo Scarano, asumió una condición jurisdiccional que no le es propia y usurpó funciones en un tema tan delicado como es la libertad. “Asumir funciones de carácter penal, para conocer el delito de desacato es contrario a sus atribuciones y peligroso como precedente en el país, dijo a El Carabobeño.
El profesor universitario Pablo Aure explicó que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal establece como regla no recluir a ningún imputado en establecimiento carcelario cuando la pena no pasa de ocho años; mientras que el 272 de la Constitución plantea los sitios abiertos.
Partidos y organizaciones de oposición, así como alcaldes se pronunciaron en todo el país y denunciaron la utilización de las instituciones para encarcelar y buscar la inhabilitación política de Scarano.
Intervención de La Policía
El 20 de marzo el presidente Nicolás Maduro anunció la intervención de la Policía Municipal de San Diego. Pasaron tres meses para que el organismo, ahora sin su comisario, Salvatore Lucchese, fuera devuelta a la municipalidad. En esos 90 días se registraron homicidios, robos y hasta anarquía vehicular. El patrullaje diario desapareció al igual que algunas alcabalas.
La Espera
Han pasado nueve meses y el desacato a la sentencia del TSJ quedó en segundo plano. Scarano afronta un juicio por presunta violencia de género que se convirtió en agresión al centinela y fue trasladado a un tribunal militar, actuación que estaría violando nuevamente las leyes venezolanas.
Para el abogado penalista Alberto Arteaga, esta mudanza de tribunal demuestra que se utiliza la justicia para castigar al adversario, pues jurídicamente no se puede juzgar a un civil con el Código de Justicia Militar salvo excepciones y esta no es una de ellas. “Para determinar la agresión a un centinela se requieren un contexto específico. En este caso sería que el ataque hubiese puesto en riesgo además de la vida del efectivo, un puesto militar y un colegio usado como centro de votación no es una guarnición ni un cuartel como para poner en peligro a un pelotón”.
La defensa de Scarano y Lucchese ha solicitado la liberación de ambos debido a que hace menos de un mes cumplieron con 100 horas de trabajo dentro de Ramo Verde, lo que equivale a una reducción de la pena, por lo que s deberían estar libres.
Las dificultades de salud que ha afrontado el exalcalde, la prisión y la espera por la libertad o una posible inhabilitación política, han rodeado este caso, a pesar de ello la alcaldesa Rosa de Scarano espera que haya un cambio de rumbo se pueda hacer justicia.
