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Más de 50 familias viven en esta invasión. (Foto Clemente Espinoza)

Dayrí Blanco

A mediados de 2013 una vivienda en Bella Florida podía estar en el mercado en un millón 500 mil bolívares. Era una venta segura y un negocio que se cerraba rápido. Desde el 28 de diciembre de ese año la ilegalidad representada en la invasión de un terreno privado, ha devaluado las propiedades de quienes tienen más de 15 años viviendo en el sector. Un comprador no da más de 400 mil bolívares por una casa en el lugar.

Son ocho conjuntos residenciales que se han visto afectados: Los Conejos, Parque Florida I, La Barcareña, Los Parques, Mi Refugio, Mediterrané, Llano Verde y Las Acacias. Sus habitantes denuncian también el incremento de la delincuencia. Ya no pueden sentarse a conversar en las aceras sin ser víctimas de un atraco. Los niños han dejado de ir a jugar a la cancha porque están expuestos a los desmanes de sus nuevos vecinos invasores. A diario se registra al menos un robo en la entrada de la urbanización.

La improvisación típica de estas tomas ilegales de terrenos ha arrojado serias consecuencias. Al no tener servicios públicos debidamente establecidos, las más de 50 familias que han armado sus viviendas de tablas y zinc, han resuelto instalar la electricidad de forma rudimentaria. Conectan sus cables a los transformadores de las residencias cercanas, lo que ha ocasionado fallas en la corriente hasta el punto de dañar electrodomésticos.

Las aguas negras son otro problema. No tienen tuberías, así que lanzan a la avenida principal del sector todos los desperdicios. La contaminación y el mal olor rondan todas las calles de Bella Florida.

En espera de oficio de Fiscalía

El propietario del terreno, Orlando Gubaira, apoyado por los consejos comunales de los siete conjuntos residenciales afectados, ha acudido a diferentes instancias para denunciar la ocupación ilegal.

Tanto en la Fiscalía Superior del estado como en el Comando Regional número 2 (Core 2) de la Guardia Nacional conocen el caso. Es una historia que comenzó hace dos años cuando ocurrió la primera invasión que fue desalojada por efectivos de la Policía de Carabobo y de la GN. A mediados de 2013 hubo otro intento de ocupación pero fue truncado por las autoridades. La del 28 de diciembre fue una invasión masiva que aún no se ha podido resolver.

La denuncia ha estado en manos de la Fiscalía 10 y la 27. Actualmente la maneja la superior y se espera que sea distribuida a la Fiscalía 6 en los próximos días y se emita el oficio de desalojo del terreno, según explicó Gubaira, quien ha demostrado la legalidad de la propiedad que compró a Fondur en 1996.

En el lugar se ejecutaría un plan de viviendas de 145 apartamentos repartidos en cinco edificios. Anteproyecto que fue introducido en el Concejo Municipal hace dos años cuando se iniciaría la obra. “El Estado no garantiza que la inversión esté protegida”.




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