Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
Con uniforme de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y casco de la Guardia Nacional (GNB). Así se dejó ver más de la mitad de los funcionarios que custodiaban las vías de acceso a la Oficina Regional Electoral (ORE) durante la protesta opositora del miércoles 7 de septiembre. “Son híbridos”, decían quienes se percataban de dualidad. Pero no. La realidad es que en la PNB deben usar equipos prestados por el organismo militar para poder cubrir su déficit.
Es una crisis conocida y que pretende ser atacada por el Gobierno. Los lineamientos son claros: armas, chalecos antibalas y unidades. Eso y otros implementos, todos orientados al control de disturbios, es lo que se adquirirá con los 25 millones de dólares aprobados por el Ejecutivo para PNB, uno de los sueños del presidente fallecido Hugo Chávez como una institución de seguridad preventiva que se ha desvirtuado para funcionar como un apéndice de la Fuerza Armada Militar. “Desde hace tres años es dirigida por militares”, advirtió Marcos Tarré,investigador y autor de trabajos del área de seguridad.
El especialista no se opone a que se asignen recursos al cuerpo policial. “Lo negativo que se ha observado es que las inversiones hechas han estado orientadas en compra de materiales de represión de protestas”.
Los funcionarios de la PNB gozarán de un incremento salarial en todas las escalas de 50%, de acuerdo a lo anunciado por Nicolás Maduro el miércoles. “Pero más que aumentos de sueldos que se los consume rápidamente la inflación lo que se requiere es ajustes en beneficios laborales adicionales que no se les ha hecho. El problema es que desde la época de Chávez se ha privilegiado al estamento militar por encima del policial”.
Tarré advirtió que el Gobierno ha demostrado en 17 años su absoluta ineficacia, incapacidad y hasta complicidad en materia de seguridad. “Es claro y evidente que con esta estructura de gobierno que tenemos no se resolverán los problemas del país”.
El 29 de agosto se hizo público un comunicado de un grupo de agentes de la institución en el que se denunció el traslado masivo de personal del interior del país hacia la capital, poniendo horarios militares de 96 horas de trabajo por 48 horas de descanso, o 48 x 24 y 14 días seguidos por 7 días libres.
Eso ha ocasionado que más de renuncias y abandonos de cargos, policías que prácticamente comen una vez al día y lejos de sus familias, sin condiciones adecuadas de logística.
