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EFE

 Los abogados de Luiz
Inácio Lula da Silva pidieron  este
viernes la anulación de la investigación que fue abierta para determinar si el
expresidente brasileño incurrió en el delito de tráfico de influencias para
favorecer a una constructora y que se investigue al fiscal responsable por la
acción.

En un recurso presentado este viernes ante el Ministerio
Público, la defensa del exjefe de Estado pidió la suspensión de la
investigación penal contra Lula y la apertura de una investigación y de un
proceso administrativo contra el fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, informó el
Instituto Lula en un comunicado.

“Ante el espanto provocado por la apertura de un
Procedimiento de Investigación Criminal sin ningún indicio de crimen, los
abogados del expresidente presentaron hoy una queja disciplinaria ante el
Consejo Nacional del Ministerio Público para que se investigue la conducta del
procurador responsable por la acción”, asegura el comunicado del instituto
que oficia como portavoz del Lula.

El exmandatario es investigado por supuestamente haber
influido en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES),
después de haber concluido su mandato, para que le concediera créditos a la
constructora Odebrecht destinados a la financiación de obras en otros países
latinoamericanos y africanos en los que opera.

Según la Fiscalía, tras dejar la Presidencia, en enero de
2011, Lula realizó viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana
costeados por Odebrecht.

El caso fue destapado en mayo pasado por la revista Época,
según la cual Odebrecht recibió del BNDES créditos por cerca de 4,1 millones de
dólares para obras en República Dominicana, Venezuela, Cuba y Ghana.

Los abogados de Lula alegan que el fiscal que abrió la
investigación violó las normas del propio Ministerio Público al interferir en
un procedimiento preliminar que era conducido por otro fiscal; al ignorar
plazos e instancias del organismo y al no tener en cuenta los alegatos
presentados por la defensa de Lula.

“El único fundamento presentado por el fiscal para
justificar la investigación, que es la supuesta inminencia de agotamiento del
plazo para iniciar el proceso, es falso”, según el recurso presentado por
los abogados del exgobernante.

La defensa alega que el fiscal abrió la investigación el 8
de julio, tres días antes de que venciera el plazo que tenían los abogados de
Lula para presentar la defensa, lo que hicieron el 9 de julio.

Aseguran igualmente que el fiscal intentó violar el sigilo
fiscal y de correspondencia de Lula mediante una maniobra jurídica.

“Se concluye que el fiscal promovió un verdadero
atropellamiento, una falta de respeto y una confusión en el proceso en curso,
lo que mancha sin duda su imparcialidad y, de hecho, la propia idoneidad y
transparencia de la investigación”, según el recurso de la defensa.

La investigación puede desembocar en un juicio a Lula, que
se celebraría en el ámbito de la justicia federal ordinaria puesto que el
expresidente, al no ocupar ningún cargo político, no está aforado.

No obstante, la Fiscalía podría archivar la causa en
cualquier momento si considera que no tiene suficientes indicios para elevarla
a un tribunal.

El popular exmandatario salió airoso de todas las
acusaciones en su contra por corrupción y no llegó a ser incluido en el juicio
por pago de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas
destapado en 2005, durante su primer mandato, y por el que fueron condenados 25
políticos y empresarios, algunos de ellos muy cercanos a él. 




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