AFP

El gobierno venezolano concluyó este viernes el desalojo de la
principal cárcel del país, tras semanas de enfrentamientos entre
internos por el control de la prisión y denuncias sobre la muerte de
reclusos por falta de alimentos y medicinas.

«Logramos el desalojo y la pacificación» de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), declaró la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, a la televisora gubernamental VTV.

Unos 5.000 reclusos fueron trasladados a otros centros penales en el
último día de desalojo de la PGV y el Internado Judicial Los Pinos, en
San Juan de Los Morros, estado Guárico (centro), informó Varela.

El proceso comenzó después de la explosión de una granada el pasado
14 de septiembre que, según la prensa, dejó 12 muertos en un día de
visita familiar.

Varela prometió reestructurar y rehabilitar las áreas de reclusión
para «definitivamente volver a abrir los espacios con normas para la
disciplina y el trabajo», pero no fijó un plazo.

Tampoco especificó a dónde fueron trasladados los presos.

«La PGV era la cárcel con mayor número de reclusos en el país, unos 9 mil. ¿A dónde los van a llevar? Las cárceles en Venezuela
tienen un hacinamiento que supera el 200%», dijo a la AFP Carlos Nieto,
coordinador de la ONG defensora de los derechos de los presos Una
Ventana a la Libertad.

Enfrentamientos entre reclusos y con las fuerzas de seguridad derivaron en la intervención de la PGV.

A la vez, videos publicados en redes sociales por detenidos y sus
familiares denunciaban la falta de comida y tratamiento médico ante
enfermedades como tuberculosis en el penal, que habrían causado al menos
diez muertos.

Según Nieto, en Venezuela existen unos
88 mil presos, de los cuales 33 mil están en calabozos policiales, pero
el gobierno defiende su política carcelaria basado en un plan de
adecuación del régimen penitenciario a estándares internacionales.




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