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EFE

El jefe de los Diputados de
Brasil, Eduardo Cunha, será sometido a un juicio político
por su supuesta
participación en hechos de corrupción por los que fue allanada su residencia
oficial, según acordó una comisión parlamentaria.

El
Consejo de Ética de la Cámara de Diputados aceptó a trámite el proceso con
vistas a la pérdida del escaño de Cunha, después de que este fue objeto de un
vasta operación policial que también investiga a dos ministros del Gobierno de
Dilma Rousseff
y a otros políticos por las corruptelas en la estatal Petrobras.

La
votación en el Consejo de Ética había sido postergada con diversas maniobras
por diputados aliados a Cunha, que obstruyeron durante seis sesiones una votación
que finalmente concluyó con once votos a favor del proceso y nueve en
contra.

Además de
la casa de Cunha, fueron registradas por la policía las residencias de los
ministros
de 
Ciencia y Tecnología, Celso Pancera, y de Turismo, Henrique
Eduardo Alves, así como las del senador Edison Lobao, el diputado Aníbal Gomes
y otros políticos.

Todos
pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), que lidera
el vicepresidente del país, Michel Temer, que en las últimas semanas se ha distanciado
de Rousseff, quien a su vez puede ser sometida a un proceso con vistas a su
destitución por unas maniobras fiscales irregulares en los balances del
Gobierno.

Las
operaciones fueron ordenadas por el magistrado Teori Zavascki a petición de la
Fiscalía, que investiga desde hace meses denuncias sobre la supuesta
participación de políticos en la red de corrupción en Petrobras, que, según la
propia petrolera, se apropió en forma ilegal de 2.000 millones de dólares entre
2004 y 2014.

El
senador Lobao fue ministro de Minas y Energía durante el primer mandato de
Rousseff y también había ocupado ese cargo durante la gestión de Luiz Inácio
Lula da Silva, antecesor y padrino político de la mandataria.

Según
sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al
menos unos 5 millones de dólares
y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas
en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero que ha sido comprobada por la
propia Justicia helvética.

Como jefe de la Cámara de
Diputados, Cunha aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra
Rousseff, fundamentado en unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido
el Gobierno para maquillar sus resultados.

La
oposición sostiene que esas maniobras suponen un “delito de responsabilidad”,
que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un
mandatario.

El
proceso contra Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados,
pero fue suspendido por la Corte Suprema tras atender una demanda oficialista
que solicita esclarecer la forma en que será realizado el trámite.




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