EFE
El alcalde
caraqueño Jorge Rodríguez prometió este lunes renunciar al cargo si la Justicia
demuestra que es falso que dirigentes opositores al presidente Nicolás Maduro estén
vinculados a un asesinato con descuartizamiento.
«¿Es mentira lo que yo estoy diciendo? Richard Blanco te reto: Si estoy mintiendo
me voy de la alcaldía de Caracas. Si tú estás mintiendo, no eres candidato a
diputado», dijo Rodríguez, jefe de la campaña oficialista para las
parlamentarias.
Rodríguez identificó a Blanco como jefe político de los apresados dirigentes
juveniles de los partidos Primero Justicia y Alianza al Bravo Pueblo, Carlos
Trejo y José Pérez Venta, respectivamente, implicados en el asesinato y
descuartizamiento la semana pasada de una mujer en Caracas.
El hecho delictivo se produjo en la residencia de Karen Yépez, «pareja
sentimental de Trejo y empleada de confianza de la Alcaldía Metropolitana»
de Caracas, a cargo del opositor Antonio Ledezma, despedida tres días después
del crimen, aseguró Rodríguez.
El alcalde y jefe de campaña electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mostró en una rueda de prensa
fotografías en las que se ve a Trejo y a Pérez Venta junto a Henrique Capriles,
el alcalde Carlos Ocariz, y el diputado Tomás Guanipa, entre otros.
Pérez Venta, además, «fue jefe de seguridad de María Corina Machado»,
añadió Rodríguez en alusión a la dirigente opositora que el año pasado fue
despojada de su escaño parlamentario y que este mes fue vetada como candidata
por supuestas deudas con el Fisco.
Según dijo el domingo el ministro del Interior, Gustavo González López, Trejo confesó
ser el autor intelectual del asesinato y descuartizamiento de Liana Aixa
Hergueta, mientras que Pérez Venta y el presunto delincuente Samuel Angulo
admitieron ser los autores materiales.
El crimen se produjo luego de que Hergueta acusara de estafa a Trejo, quien
«se vengó al ver comprometida sus aspiraciones políticas» con
denuncias de este tipo, según el ministro.
Trejo y Hergueta acordaron supuestamente la compraventa de 5.000 dólares, pero
la mujer no recibió su parte de la transacción y denunció el asunto en las
redes sociales e informó a un pariente horas antes de su muerte de que iba al
encuentro de los implicados para intentar zanjar la deuda.
El caso está «policialmente cerrado» y clasificado como «muerte
por encargo por una venganza», aunque está en marcha «una segunda
fase de la investigación con la intención de determinar vinculaciones
políticas», agregó el ministro.
