Dayrí Blanco|@DayriBlanco07
Fue un proceso rápido. El viernes se anunció, el lunes entró en vigencia y el martes se desaprobó. Así, en esos tres pasos. El Decreto de Emergencia Económica solo es aplicable bajo la ilegalidad amparada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Es un serio problema para el país”, reflexionó el diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra.
“Es una súper ley habilitante. Y así es imposible de ser aprobada”. Cuestionó dos horas antes del inicio de la sesión ordinaria del Parlamento en la que se debatió el documento publicado en Gaceta Oficial. “Lo que el Ejecutivo pretende es tener poderes por encima de los que le otorga la Constitución, y eso no puede ser”.
Son diversas las críticas de quien además es economista. El numeral 5 del artículo 2 llama la atención de Guerra al autorizar al Gobierno la aprobación y suscripción de contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos. “Eso no es más que el uso del petróleo y otros recursos minerales para el pago de la deuda”.
También preocupa al diputado que se mencione el uso de recursos para fines no especificados en el presupuesto nacional, que los ministros estén exentos de votos de censura, y que se involucre a los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para controlar orden público que son competencia de la policía y la Guardia Nacional.
La ilegalidad del decreto es evidente para el parlamentario. No se puede mezclar en un solo instrumento el Estado de Excepción de alarma, de emergencia económica y de conmoción interna y externa, “y eso fue lo que hicieron”.
