En agosto de 2015 Miguel Ángel Megías vio que su solicitud de divisas al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) mostraba retrasos. Pasaban los días, y los códigos de Autorización de Asignación de Divisas (AAD) y Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) no aparecían. Preocupado, decidió indagar en Internet para buscar una explicación a lo que sucedía. Y descubrió que no era el único afectado.
“Me encontré con la página del profesor Renato Iraldi, y eso me impulsó a buscar alguna solución”, expresa Miguel Ángel Megías. Así creó, desde España, la Asociación de Jubilados Venezolanos en el Exterior. Desde entonces ha conocido casos similares de pensionados angustiados de todas partes del planeta: Panamá, México, Italia, Francia, Reino Unido, Chile, Colombia. La lista es tan infinita como la cantidad de oficios que desempeñaron estos adultos de la tercera edad.
Megías tiene 80 años, es profesor titular jubilado de la Universidad de Carabobo, donde ejerció la docencia e investigación en Ingeniería Eléctrica e Informática, fue receptor del Premio Nacional al Desarrollo Tecnológico. Una vida dedicada al conocimiento que parece importarle poco al Gobierno nacional, como lo demostró la ausencia de los directivos del BCV y de Cencoex, llamados a comparecer ante la Comisión de Política Exterior, en el encuentro con los pensionados y los estudiantes en el exterior el día 3 de febrero.
Vivir en incertidumbre
Un pensionado en Chile relata que sufre de artrosis bilateral de caderas y rodillas, y que sobrevive gracias a la diálisis que debe realizarse tres veces por semana. No puede trabajar en lo que sabe hacer: reparaciones de maquinaria pesada, por lo que la pensión es su principal forma de subsistencia.
¿Cuántos venezolanos en estas mismas condiciones son afectados por el retraso en el otorgamiento del pago correspondiente a su pensión? La cifra exacta no se sabe, se estima en alrededor de 10.000 personas. Se calcula entre 4.000 y 5.000 ciudadanos. De ese total, unos 2.500 o 3.000 pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). El resto son pensionados de otras instituciones, como las universidades o el sector público.
El general de la Aviación (R)Mariano Márquez dirige la Federación Internacional de Militares Pensionados en el Exterior (Fimipex), -una especie de contraparte militar de la asociación que preside el profesor Megías-, y describe que para los venezolanos que sirvieron en las Fuerzas Armadas del país, la situación no es muy distinta.
“Los inscritos en el Fimipex somos 167 y el número sigue creciendo, pero en total somos unas 306 personas con derecho a la pensión que estamos afectados”. A diferencia de los jubilados civiles, el personal militar retirado tramita su pensión a través del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), pero “el instituto irresponsablemente ha querido quitarse la obligación de facilitar nuestro cobro de pensiones en el exterior”.
Tras 34 años de servicio militar, Márquez se mudó con su esposa a Miami, EE UU, en abril de 1998. El último pago que recibió fue lo correspondiente al primer semestre de 2015: 12.000 dólares estadounidenses. Desde ese momento, no ha sabido nada de los 2.000 dólares mensuales que esperaban él y su cónyuge para adquirir sus medicinas y pagar sus servicios.
“Se nos ha hecho muy difícil cubrir nuestras necesidades”, describe el oficial de la Aviación (R). Detalla que se ha visto en la necesidad de dar clases como sustituto en un liceo que le queda cerca. “Recurrimos a los pequeños ahorros que teníamos y a la ayuda de nuestras hijas. Tuvimos que hacerle una ´Hipoteca Revertida’ (Reverse Mortgage) a nuestra casa”.
Estados Unidos es uno de los países donde reside la mayoría de los jubilados venezolanos, de acuerdo con el profesor Megías. Algunos de los casos son alarmantes. Como el de Soraida Alvarado, jubilada residente en Delray Beach, (Palm Beach Country), quien aliviaba su situación con un empleo hasta que lo perdió. Ahora sin salario y sin pensión, escribe desesperada al blog de la Asociación de Jubilados Venezolanos en el Exterior pidiendo auxilio. ‘¡Es increíble que estemos pasando por esto!’, se lee en su mensaje.
“Ninguno de los jubilados ha recibido su pago desde agosto del 2015. Siete meses en el exterior sin dinero es sumamente complicado para personas que además son mayores, no pueden trabajar y tienen patologías como diabetes, hipertensión”, lamenta Megías.
Burocracia sin fin
Otra jubilada venezolana en Chile, del Ministerio de Educación, relata que tiene aprobado desde abril de 2015 por Cencoex un monto, pero que no logra que el Banco de Venezuela se lo transfiera, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos y formulado los reclamos. “No he podido seguir tramitando solicitudes y ahora me entero de que hay nuevas normas para nuevas solicitudes. Comienzo un nuevo año con gran incertidumbre, ya que fue larga y difícil la aprobación del anterior monto y no me lo han enviado”. Su solicitud describe la pesadilla burocrática que Ingrid Celletti ha tenido que enfrentar para ayudar a otros venezolanos pensionados que viven en similares condiciones en Italia.
“Debido a los múltiples problemas que tuve y por la odisea que he pasado estos largos años, me he visto obligada a ser experta en esta materia”, reconoce Celletti, quien es docente jubilada por el Ministerio de Educación. “Este contexto me ha llevado a prestar mi ayuda a todo aquel que necesite hacer una solicitud ante Cencoex”.
Su motivación es sencilla: no quiere que otros pasen por las vicisitudes que sufrió. Ofrece su orientación a los migrantes potenciales, y a los que ya residen en el país europeo, alertándolos incluso de documentos que deben incluir aunque no estén en la providencia, porque igual se los solicitarán. Dice que todo funcionaba bien, hasta que Cencoex reemplazó a Cadivi. Desde entonces los requisitos solamente se incrementan.
“Mientras Cadivi funcionó, todo funcionó muy bien, con cierto retardo de 3 o 5 semanas máximo”, concuerda Megías. Cuando operaba Cadivi, en el Banco de Venezuela se debía consignar documentos de identidad del solicitante vigentes y una constancia de residencia en el exterior para solicitar las divisas.
Una pensionada decidió mudarse a España en septiembre del año pasado por la dificultad para encontrar su tratamiento médico. Realizó sus trámites para que la pensión le fuese pagada en Tenerife a través del Consulado de Venezuela. Le informaron que debía esperar un año, ya que no están realizando esa operación debido a la falta de divisas. Tuvo que regresar al país, donde no puede conseguir los medicamentos que necesita.
De acuerdo con la página del IVSS, los requisitos para cobrar la pensión en el exterior son la planilla del Censo de Pensionados – Pensión al Exterior, la carta de compromiso con la firma del pensionado y su huella dactilar. Una vez consignadas las planillas, se debe solicitar al Consulado de Venezuela más cercano el Registro Consular para el censo de pensionados en el exterior en original y vigente con sello húmedo. Las solicitudes tardaban un mes aproximadamente en ser liquidadas, explica la profesora residente en Italia.
Ya los jubilados llevan más de un semestre esperando. Y lo más angustiante es la eliminación de la casilla ‘Casos especiales: Jubilados y Pensionados’ de la página oficial del ente, dejando a la deriva a los adultos mayores.
“No es posible que después de haber contribuido con los mejores años de tu vida al progreso de tu país. Ahora, que ya no estás en condiciones de trabajar, te encuentres en una desprotección total de parte del Estado a quien diste lo mejor de ti”, reclama Celletti.
Simplificar algunos de los requisitos sería estupendo, admite Megías. Pero si continúan con el papeleo habitual, sin eliminar requisitos nuevos como el de Movimientos Migratorios, y les pagan, estaría totalmente de acuerdo, con tal de que reciban su pensión a tiempo.
Devaluación atemorizante
“La pensión del IVSS no era suficiente para cubrir todas nuestras necesidades, pero con los aumentos y el tipo de cambio la pensión pasó a ser de gran ayuda”, considera Ingrid Celletti. “En estos momentos, todos los que somos pensionados y vivimos fuera estamos a la expectativa por lo planteado de otra posible devaluación”.
La pensión es lo que percibe el jubilado transformado a dólares o euros o a la moneda local correspondiente, explica el profesor Megías. En el caso de los pensionados del IVSS es el equivalente al salario mínimo, y cuando se realiza la conversión se obtiene un monto aproximado de 1.100 euros. “Se puede vivir decentemente, al menos en España, en otros países un poquito mejor o un poquito peor”.
Pero los jubilados de otras instituciones deben recibir el monto correspondiente a su salario, que en el caso de un profesor universitario, sería superior al de un pensionado del IVSS. “No es una dádiva, no es algo que me da el Gobierno venezolano, es mi pensión en Venezuela en bolívares convertida en euros, dólares, lo que sea”, apunta el docente jubilado.
Además del pago del semestre vencido y la apertura de la opción “Casos Especiales: Jubilados y Pensionados” en la página web de Cencoex, la Asociación de Venezolanos Jubilados en el Exterior solicita la anulación de los artículos 6 y 8 de la Providencia 019/2003. El primero de estos artículos limita la autorización de adquisición de divisas hasta un máximo mensual de 2.000 dólares estadounidenses.
“Si la devaluación supera el 20% por dólar para nosotros sería una estocada”, advierte la profesora Celletti. Sobre este tema, Megías publicó en el blog de la asociación una entrada que demuestra el resultado de una devaluación para los pensionados: “A partir de Bs 20 por dólar, el monto de una pensión apenas alcanzaría para la supervivencia en cualquier país del mundo”.
“Confiamos en que con esta nueva Asamblea los problemas se normalicen por el bien de todos y que no debamos de nuevo reclamar lo que por derecho nos corresponde”, anhela la docente jubilada. Mientras tanto, los jubilados venezolanos en el exterior, al menos, se tienen unos a otros.
