Un juez del Tribunal Federal de Brasilia anuló el nombramiento de Luz Inácio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil, luego de considerar que dicha propuesta obstaculizaría la investigación que pesan en su contra sobre delitos de corrupción.

En su decisión, el magistrado argumenta que, si Lula asume el cargo de ministro tendrá poder para realizar una «intervención indebida y odiosa» en la policía, la fiscalía y el poder judicial. La decisión responde a una petición popular. El partido Demócratas y el Partido Socialista Brasileño (PSB), este último exaliado del Gobierno, anunciaron también que apelarán a la Justicia para suspender el nombramiento.

En su resolución, el juez señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de «responsabilidad» al nombrar a Lula, puesto que la ley impide al presidente de la República cometer actos contra «la probidad» (honradez) de la Administración pública. Los delitos de «responsabilidad» son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir el jefe del Estado. De hecho, la Cámara de Diputados reanuda este jueves la discusión de una posible destitución de Rousseff.

El nombramiento de Lula ha estado rodeado de polémica. La oposición y los movimientos sociales contra el Gobierno lo acusan de intentar rehuir a la Justicia. Además, el miércoles, la Policía Federal reveló unas grabaciones de conversaciones entre la presidenta y Lula. El Gobierno lo niega y asegura que la llamada en la que la presidenta avisa a Lula de que le envía un documento para firmar «en caso de necesidad» era, en realidad, un trámite burocrático por si éste no conseguía asistir a la toma de posesión.

La polarización crece en Brasil, sumido en la crisis política. «¡Vergüenza!, gritó alguien al principio del acto oficial, a lo que el público respondió gritando «No habrá golpe», uno de los lemas de la izquierda brasileña estos días.




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