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Antonio Marval. (Foto Clemente Espinoza)

Gabriela Espinoza F. || gespinoza@el-carabobeno.com

Cuando se trata de un homicidio, el Código Orgánico Procesal Penal establece que si existe un peligro de fuga procede una medida privativa de libertad, recordó el abogado penalista Antonio Marval, luego de rechazar las medidas cautelares que se le otorgaron a dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana señalados en el caso de la estudiante Geraldín Moreno, quien murió a consecuencia de un perdigonazo en el rostro.

La decisión emitida por el Tribunal Sexto en funciones de control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, que concedió a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana, Franklin García y Paola Barroso, una medida cautelar sustitutiva de libertad, con régimen de presentación cada siete días, no está ajustada a derecho, denunció el abogado.

El también especialista en criminología sostuvo que se debe imponer una pena por considerar que este hecho es un delito de lesa humanidad. A Franklin García se le imputó por la presunta comisión de los delitos de autor material en el homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles. Mientras que a Barroso se le acusó de la presunta comisión de los delitos de cómplice no necesario en homicidio calificado, con alevosía y motivos fútiles.

Que estos sujetos se desempeñen como guardias nacionales, es para Marval un motivo para que obstaculicen fácilmente la investigación, debido a que pueden amedrentar e intimidar a otros. “En este caso existen muchos elementos que indican que se debe aplicar una medida privativa de libertad y no al contrario”, sentenció.

En Venezuela hay muchas personas detenidas por cometer delitos menores, mientras que a los responsables de hechos donde las circunstancias en las que se cometió el acto son irregulares, no se aplica la ley.

El pasado 6 de mayo los padres de Geraldín solicitaron una medida de protección al Tribunal Sexto, debido a que temen por su seguridad, pero la petición no ha sido respondida. Además esperan una acción satisfactoria al documento introducido ante la Fiscalía 28 del Ministerio Público del estado Carabobo y el Tribunal de Control, en el que se oponen a la medida cautelar sustitutiva de libertad concedida a los sargentos señalados en el caso.

Antonio Marval reiteró que por sus condiciones de víctimas y de testigos el Ministerio Público tiene que plantearle al tribunal atención policial. Precisó que esto evidencia una vez más cómo utilizan la justicia penal para amedrentar a la sociedad que protesta pacíficamente.

El presidente del Cámara Municipal de Naguanagua, Gustavo Mercado, explicó que esta medida sustitutiva de libertad es un testimonio más de lo que es este régimen, que secuestró la institucionalidad del país y la independencia de los poderes.

Por ello considera que la justicia se administra según la conveniencia del Gobierno nacional. No descartó que en este caso se busque beneficiar a las personas que mantienen vínculo con el Ejecutivo, como ha ocurrido en otras ocasiones.

El vicepresidente del Concejo Municipal de Naguanagua, Thomas Dangel, rechazó la decisión emitida por el Tribunal Sexto y condenó que el Gobierno nacional busque reprimir a las personas. Pese a estas circunstancias instó a los habitantes a seguir ejerciendo su derecho a la protesta pacífica, para restablecer la democracia en el país.




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