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Luis Alejandro Borrero | lborrero@el-carabobeno.com

La vereda se llena de sombra, son las 10:36 p.m. El joven apura el paso para llegar a casa porque viene de clases: lleva zapatos blancos, mono deportivo azul y chemise. Escucha el rugir de la moto. Es interceptado y el parrillero le pide su Blackberry pero se resiste. Suenan dos detonaciones.

La muerte del joven anónimo quedará en la memoria de los vecinos. Para su familia será una marca de por vida. Pero con el tiempo probablemente no hablen tanto de él. Quizá sea olvidado: una estadística más. “Lamentablemente en Venezuela la seguridad no ha sido una prioridad”, analiza el abogado y criminalista Fermín Marmol García.  

Las cifras de crímenes son secreto de Estado. Pero no significa que no se invierta en ello. En la Ley de Presupuesto 2015 se asignaron nueve millones 91 mil 685 bolívares en una plataforma informática (software) para el fortalecimiento tecnológico del sistema estadístico de criminalidad y violencia. El año pasado hubo 24 mil 980 asesinatos, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

No hay más datos sobre el proyecto digital. Salvo el siguiente: el objetivo es seguir construyendo el socialismo bolivariano como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, según la página 283 de la Ley. Es uno de los aproximadamente 19 proyectos del ministerio a ser ejecutados este año.

Un software que permita sincronizar delitos es necesario, explica Marmol García. La única plataforma actual es el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol-Cicpc). En Venezuela hay 23 policías estadales, una Policía Nacional Bolivariana, un Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, un Servicio Bolivariano de Inteligencia y una Guardia Nacional Bolivariana.

Todos manejan formatos distintos y realizan detenciones. Todos consultan el Siipol, pero solo el Cicpc le añade data. Es un grave error, añade el profesor. “La única manera de solventar esto es que se obligue a cada organismo a trasladar al detenido a una delegación del Cicpc para que haga la reseña, o con un sistema electrónico. Con buena fe, pienso que de eso se trata este proyecto”.

Pero no servirá de nada la implementación de un software cuyo valor equivale a mil 225 salarios mínimos, si las cifras de violencia en Venezuela no son publicadas. Es ese el oscurantismo que hay que vencer, asegura Marmol García. Si es únicamente el Estado el conocedor de este proyecto, difícilmente tenga resultados positivos.

Desde 2002 el presupuesto del Ministerio para la Defensa se ha duplicado, sostuvo el criminólogo. Eso da una idea de cuánto se asigna para políticas de seguridad interna y externa. Aunque del año pasado a 2015 el presupuesto de Min-Interior creció 45% al pasar de 94 mil 239 millones 804 mil 635 bolívares a 136 mil 670 millones 440 mil 434, fue el más alto de los ministerios.

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN

Para los académicos estudiar la criminalidad es como cruzar un mar sin barco. Lo que sí es seguro es que la actitud del venezolano es cada vez más violenta. Pero el conocimiento científico oficial escasea. “Tenemos que trabajar únicamente con estudios basados en la percepción que tiene la gente sobre la criminalidad. Preguntarles qué tan seguros se sienten”.

El ítem percepción no es confiable. En países con instituciones débiles que no aportan cifras oficiales es complicado hacer aportes desde la academia. Y eso es una deficiencia, pues Marmol García considera que resolver la inseguridad es un tema que debe llamar a los más diversos factores del país. “No es responsabilidad única del Ejecutivo”.

Otro problema es la denuncia ciudadana. El Estado no ha podido conquistar la confianza del ciudadano común. Gente a la que roban, secuestran o extorsionan, prefiere quedarse callada. Hay temor de sufrir represalias de los propios organismos de seguridad.

La encuesta de victimización nacional es una herramienta que se usa en otros países, como México. Se mide la percepción de la población sobre los flagelos. La última encuesta que se hizo en Venezuela fue en 2009. Los resultados fueron tan vergonzosos para el Gobierno que más nunca se repitió la iniciativa, recordó Marmol García.

La Organización No Gubernamental (ONG) Programa de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) difundió la encuesta. Reveló que hace seis años había una tasa de ocho mil 400,78 delitos por cada 100 mil habitantes. Para Marmol García no hay indicios que esa tendencia haya mejorado.

El informe, elaborado por el Min-Interior y el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que el robo tiene una percepción de ocurrencia en la población de cinco mil 75,78 casos por cada 100 mil habitantes. Le sigue el hurto -mil 733,89- y la amenaza -482,10-.

En el muestreo, 501 mil 164 personas respondieron a la encuesta que no realizarían la denuncia porque no se haría nada. Eso explica la falta de ánimo del ciudadano a buscar apoyo en los cuerpos de seguridad.

Se contabilizan 23 planes de seguridad desplegados por el Gobierno en 16 años. Venezuela sigue teniendo la segunda tasa de homicidios más alta del mundo, según el OVV. El déficit de policías investigadores policiales es cercano a 300% y el de dotación policial se aproxima a 80%, esgrime Mármol García. Sumado a un Estado que no quiere revelar sus proyectos, la tarea es mucho más compleja. 




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