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“Estados Unidos nunca tolerará violaciones”, dijo Menéndez. (Foto Archivo)

Dpa

Algunos legisladores estadounidenses consideraron que la decisión del Departamento de Estado de denegar visados a funcionarios del gobierno de Venezuela, presuntamente responsables de violaciones a los derechos humanos, es un paso en la buena dirección, pero insuficiente, y abogaron por imponer sanciones.

Bob Ménendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, consideró que este anuncio “manda un mensaje inequívoco y directo” al gobierno de Nicolás Maduro: “Estados Unidos nunca tolerará violaciones sistemáticas de los derechos humanos llevadas a cabo por un gobierno despiadado contra su propio pueblo”.

El Departamento de Estado anunció hoy las medidas contra los “responsables o cómplices” de violaciones a los derechos humanos, dejando claro que no apunta ni “a la nación venezolana ni a su pueblo”. “Aquellos que cometan estas violaciones no serán bienvenidos a Estados Unidos”, dijo Marie Harf, portavoz adjunta del Departamento de Estado.

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen consideró que “esta acción llega muy tarde y no va suficientemente lejos”. “No sólo debemos negar visas a los secuaces de Maduro sino también debemos expandir esas restricciones de visas a familiares inmediatos de violadores de derechos humanos y congelar sus bienes y propiedades en los Estados Unidos”, dijo la congresista por Florida.

Ros-Lehtinen se mostró decepcionada porque la administración Obama no haya implementado “sanciones fuertes contra el régimen de Maduro”, poco después de que su gobierno hiciera “todo lo posible para proteger y dar refugio seguro a un narcotraficante notorio”.

La congresista republicana se refería a las supuestas amenazas de Venezuela a los gobiernos de Aruba, Holanda, y otros para obtener la liberación de Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y propuesto como cónsul de Aruba.

Carvajal había sido detenido en Aruba a petición de Estados Unidos y regresó el domingo a Caracas, después de presuntas presiones de Venezuela para lograr su liberación.

Carvajal figura desde 2008 en una lista negra del Departamento del Tesoro por supuestamente haber usado su posición como jefe de inteligencia militar de Venezuela para ayudar a la guerrila colombiana y por actividades de narcotráfico. Carvajal fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en 2004 y luego encabezó la policía política (Disip).

“Sólo golpeando a estos criminales del régimen de Maduro en sus bolsillos habrá una verdadera oportunidad para ayudar a fomentar una nueva era en Venezuela donde se respeten los derechos del pueblo venezolano”, declaró Ros-Lehtinen.

El senador Marco Rubio había denunciado el pasado mes de junio en un discurso en el pleno en el Senado que estos presuntos violadores de los derechos humanos pasan los fines de semana en Florida, “donde tienen mansiones y van de compras y el lunes por la mañana vuelven a su trabajo de tiempo completo de violar derechos humanos”.

La prohibición de expedir visados a los funcionarios venezolanos se queda corta frente a las demandas del Congreso, que lleva meses reclamando una respuesta contundente de Washington a Caracas ante las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios gubernamentales contra miembros de la oposición.

Hasta ahora la administración Obama se había mostrado reticente a ampliar cualquier tipo de sanción contra el gobierno de Maduro al considerar que existían otras herramientas más efectivas y se habían mostrado confiado en que el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana tuviera sus frutos.




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