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El alquiler de un apartamento es cuesta arriba en el país. (Foto Archivo El Carabobeño)

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta Martínez, indicó que la reforma de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas tendría una reforma de cuatro ejes importantes: la modificación del procedimiento de desalojo, cambio del método evalúo, la descentralización de la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi), y una fórmula para edificios de vieja data que genere ganancias en ambas partes.

La polémica de hacer una revisión a la Ley surgió entre las diversas organizaciones de inquilinos (Red Metropolitana de Inquilinos, Movimiento de Inquilinos, Asociación Bolivariana de Inquilinos) y el Ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, este último indicó que podría hacerle una reforma a la legislación que se promulgó en 2011.

El desalojo del inmueble como está concebido en la Ley es engorroso, bastante lento y al final se está llegando a una injusticia al propietario del inmueble. Se está evaluando eliminar el procedimiento administrativo previo a la demanda y que los procedimientos se lleven únicamente en tribunales, explicó Orta Martínez.

Otra arista a considerar, sería la modificación del método de evalúo, en vista de que el actual olvida totalmente el valor del terreno, obvia la ubicación y establece una forma de apreciación del inmueble. Esto ha dado como resultado alquileres irrisorios que al propietario muchas veces no le da ni para pagar los gastos del condominio, ni los impuestos.

Orta Martínez recordó que esta ley estableció que todas las operaciones están centradas en la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi), y le quitaron a las alcaldías la cobertura regular de los alquileres. Antes habían 335 filas municipales, las cuales fueron centralizadas por 20 oficinas de la Sunavi la cual tiene actualmente una oficina por estado, teniendo como consecuencia que los procedimientos tardan demasiado.

Para los edificios de vieja data se propondría una fórmula para llevar estas construcciones de manera eficiente a propiedad horizontal, recalcó el presidente de la Apiur. Por último eliminar la providencia de la venta obligatoria del inmueble de vieja data que tenga más de cierto tiempo alquilado a una misma persona, lo cual no ha dado ningún resultado.

La propuesta se encuentra en manos del Ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina y desde el año que fue promulgada se presentaron las consecuencias que traería ante la Asamblea Nacional. (YG)




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