EFE
Los cadáveres de
Jaime Carrera, empresario de 68 años originario de la región española de
Galicia y afincado en Venezuela, y los de sus dos empleados fueron hallados enterrados
en una zona montañosa del céntrico estado de Aragua, cercana al lugar donde se
produjo su secuestro hace un mes, confirmó este viernes la Fiscalía.
Según un comunicado del Ministerio Público (MP), los cuerpos
de Carrera y de sus dos empleados, Yorman Acosta y Ángel Seijas, se encontraron
sepultados ayer en la población de San Casimiro de Aragua, después de que fuera
detenido uno de los supuestos implicados que informó de donde se refugiaban los
delincuentes.
El detenido, Ángel Pereira Bernal, indicó, además, la
ubicación de los cuerpos de los secuestrados.
«Al llegar al lugar surgió un enfrentamiento en el que
fallecieron tres de los secuestradores», informó el MP, que también indicó
que en lugar que les servía de guarida se encontraba además una mujer, Bárbara
Rodríguez, que fue detenida.
Carrera fue secuestrado junto a sus empleados en su finca
avícola ubicada en el poblado de San Sebastián de Los Reyes y las cámaras de
seguridad del recinto registraron imágenes de los captores, que iban
enmascarados, según explicó a Efe el cuñado del secuestrado, Manuel Ribeiro,
hace poco más de una semana.
Su hermana, Marcelina Carrera, y su cuñado, que residen
cerca de Pontevedra, en Galicia, en el noroeste de España, de donde es
originario Jaime, explicaron a Efe que los familiares que aún convivían con él
en Venezuela pagaron a los captores una cantidad de dinero que no
especificaron, cercana a la que le pedían, y desde entonces no volvieron a
tener noticias.
Manuel Ribeiro y Marcelina Carrera regresaron el año pasado
de Venezuela, donde habían emigrado a mediados del siglo pasado, entre otros
motivos por la «seguridad muy mala» que según el cuñado del
secuestrado existe en el país caribeño.
La inseguridad ciudadana figura en todas las
encuestas como uno de los principales problemas de Venezuela, país que ostenta
una tasa de homicidios de entre 39 y 79 personas por cada 100.000 habitantes,
según cálculos del Gobierno y de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano
de Violencia (OVV), respectivamente.
