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EFE

En manos de quienes obtengan la mayoría del Parlamento
unicameral, de 167 escaños, recaerá el poder con el que se podría amenazar o
consolidar la llamada revolución bolivariana, el proyecto político ideado por
el fallecido Hugo Chávez, y liderado ahora por su hijo político, el presidente
venezolano, Nicolás Maduro.

Al margen de algunas listas independientes, en la liza
compiten principalmente dos claros bandos. De un lado los opositores, ansiosos
por hacerse un espacio dentro del poder y generar cambios políticos, pero que
no han logrado mayores victorias desde que el chavismo llegó al poder en 1999.

Del otro lado, los chavistas, que desde que este órgano
legislador se creó en 2000, tras un proceso constituyente convocado por Chávez
y que disolvió el antiguo Congreso, han impulsado desde allí todo su respaldo
al Ejecutivo, que no conoce una Cámara en la que no ejerza la mayoría.

El abogado constitucionalista Hermánn Escarrá explicó a Efe
que el de Venezuela no es exactamente un sistema parlamentario “pero
tampoco es un presidencialismo exacerbado”, justamente porque “tiene
un sistema de controles, de competencia y atribuciones muy fuertes” en el
poder legislativo y de ahí la importancia de estos comicios.

En un primer escenario, si la oposición obtuviera la mayoría
simple, que implica la mitad más uno de los 167 diputados, es decir 84 escaños,
podría designar la junta directiva de la cámara, que tomará posesión el 5 de
enero de 2016, y de la que nunca ha formado parte.

Es precisamente con esta mayoría que la oposición podría
aprobar una ley de amnistía que extinguiría la responsabilidad penal que pesa
sobre varios opositores presos, entre ellos el líder de Voluntad Popular,
Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia de una
marcha antigubernamental.

Asimismo, podría autorizar al Tribunal Supremo (TSJ) el
enjuiciamiento del primer mandatario, así como proponer un voto de censura al
vicepresidente ejecutivo y a los ministros, planes estos últimos que ya ha
dicho tener en su agenda la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD).

Con mayoría simple también se puede designar a los
magistrados del TSJ, al fiscal general, al contralor y, en algunos casos, al
defensor del Pueblo, aunque, estos cargos ya han sido elegidos recientemente y
su remoción solo sería posible si antes hubiera una solicitud expresa del alto
tribunal.

El segundo escenario es el de lograr los tres quintos de los
escaños, o una mayoría calificada de 100 diputados, que permitiría aprobar un
voto de censura del vicepresidente y los ministros, lo que implicaría su
destitución.

El tercer escenario, el que confiere mayor poder, sería la
mayoría de dos tercios de los asientos, o 111 diputados, con los que podrían llevarse
a referendo aprobatorio los proyectos de ley, los tratados, convenios o
acuerdos internacionales.

Esa mayoría permite igualmente destituir a los magistrados,
en el caso de que cometieran faltas graves que fueran calificadas previamente
por el Poder Ciudadano (integrado por el fiscal, el defensor del pueblo y el
contralor).

El chavismo, que ya ha gozado de todos estos poderes,
especialmente en este último periodo con la mayoría calificada de tres quintos,
espera alcanzar al menos una mayoría simple para poder mantener el orden como
hasta ahora.

Con esa cuota de respaldo podrían seguir aprobando los
créditos adicionales con los que el Ejecutivo cumple buena parte de sus
programas sociales y que, por lo general, representan alrededor del 50 por
ciento del presupuesto de la nación.

De lo contrario, cabría aún otro hipotético escenario que
sería usar la actual mayoría de 100 diputados oficialistas para que el
Parlamento apruebe poderes habilitantes al presidente antes de que se
constituya el nuevo, lo que le permitiría dictar leyes y decretos sin necesidad
de que esos instrumentos pasen por la Cámara por hasta un plazo de año y medio.

Este paso tendría que concretarse antes del 4 de enero, el
último día en el que el actual Parlamento está autorizado para aprobar leyes.

Esta opción, sin embargo, puede ser derogada por la mayoría
que constituya el nuevo Parlamento al día siguiente de su toma de posesión.

Escarrá, que formó parte del equipo constituyente que
elaboró la actual Carta Magna venezolana en 1999, señala que aunque “todos
los poderes son importantes sin lugar a dudas, este -el legislativo- es un
poder especialísimo de la democracia”.

Respecto al referendo revocatorio del mandato presidencial
-una opción dejada entrever por algunos opositores-, el jurista precisó que
solo sería posible con la decisión popular y no a través de una iniciativa
legislativa.

En cambio, sí “podría iniciar el juicio político, o
podría iniciar el proceso de vejación constitucional, que es lo que llamamos
aquí en Latinoamérica el abandono constitucional del cargo”, explicó.




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